La pandemia generada por la Covid-19 no ha cambiado muchas de las tendencias de fondo de la sociedad que se venían dando, como el cambio climático, la escasez de recursos o la desigualdad. Es más, las ha acelerado. Desde el punto de vista de la inversión, esta crisis ha generado un aumento en la llamada inversión social, es decir, aquella que tiene por objetivo impulsar soluciones que mejoren la sociedad.
A este respecto, el sector de la inversión de impacto ha crecido de manera exponencial a escala global en los últimos años, hasta alcanzar los 715.000 millones de dólares en 2020, según datos de la Global Impact Investing Network (GIIN). "Nos hemos dado cuenta de repente de la urgente necesidad de invertir nuestro dinero de una forma más justa, alineada con los principios sociales más evidentes, buscando la promoción de la justicia y la equidad", señala Ana Rivero, responsable global de Estrategia de Mercado y Sostenibilidad de Santander Asset Management.
Una vía para ganar exposición a esta tendencia son los vehículos que incluyen criterios ESG, acrónimo de Environmental, Social y Governance por sus siglas en inglés. En España, a esta estrategia de inversión se la conoce también como ASG (Ambiental, Social y Gobierno Corporativo). En el aspecto ambiental o environmental se incluyen aquellas cuestiones relacionadas con el medio ambiente; en cuanto al criterio social, se busca que las inversiones redunden en una mejor calidad de vida de la sociedad; mientras que el gobierno corporativo o governance, hace referencia a la gestión que hacen los altos cargos de la compañía.
En este contexto, donde se ha visto más claro este auge de la inversión social es en la renta fija. En este sentido, las emisiones de bonos sociales se incrementaron de forma muy notable en 2020, multiplicando por casi nueve veces el volumen emitido y llegando a los 165.000 millones de dólares, según datos de Environmental Finance.
"La mayor emisión de un bono social -la mayor utilización de este instrumento tras la pandemia- la hizo la Unión Europea. Se trata de los bonos emitidos dentro del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency), programa de apoyo temporal dirigido a mitigar los riesgos de desempleo en caso de emergencia y disponible para los Estados miembros que necesiten movilizar medios financieros para luchar contra las consecuencias económicas y sociales del brote de coronavirus en su territorio", señala Ana Rivero.
Las emisiones de bonos sociales se multiplicaron en 2020 por casi nueve veces el volumen emitido
A este respecto, en octubre de 2020 se realizó una emisión de 17.000 millones de euros, mientras que la demanda fue de 233.000 millones de euros, es decir, la mayor nunca registrada para una emisión de deuda en la historia, cerca de 14 veces lo emitido, a pesar de que se hacía a tipos negativos. "La necesidad de los inversores de tener en cartera activos que cumplan con los criterios de sostenibilidad exigidos hace que este tipo de bonos resulten altamente demandados", destaca la responsable global de Estrategia de Mercado y Sostenibilidad de Santander Asset Management.
Precisamente, para la experta un punto pendiente es el de la incorporación de los emisores corporativos a este segmento. Prácticamente el 95% de las emisiones de bonos sociales se realizan por gobiernos, agencias, supranacionales o financieros, y solo un 5% por empresas. En esta línea, este tipo de deuda aún está lejos de alcanzar las cifras de los bonos verdes (aquellos que financian proyectos que benefician al medio ambiente). Según datos de la Climate Bonds Initiative, de los 700.000 millones de dólares que se emitieron en 2020 en bonos de este tipo, la mayoría (un 41%) fueron verdes, un 36% sociales y un 23% sostenibles.
Más difíciles de evaluar
A la hora de analizar las inversiones ESG, los aspectos sociales suelen pasar inadvertidos. Esto puede deberse a que los aspectos ambientales y de gobierno corporativo de una compañía resultan más fáciles de evaluar. Así, resulta sencillo cuantificar las emisiones de carbono o si existe diversidad en un consejo de administración.
Ana Rivero: "La necesidad de los inversores de tener en cartera activos que cumplan con los criterios de sostenibilidad exigidos hace que este tipo de bonos resulten altamente demandados"
"La falta de taxonomía estándar para la inversión social, a diferencia de lo que ocurre con la inversión verde, donde se van aproximando cada vez más las terminologías y definiciones, hace que sea complicado dirigir la inversión hacia la búsqueda de la sostenibilidad a través de los factores sociales", recuerda Ana Rivero.
De hecho, como destaca la experta, algunas empresas que obtienen ratings muy elevados en la E (factores medioambientales) suspenden de forma crítica en la S (factores sociales). "Sin duda, hay que seguir ahondando en la priorización de la búsqueda de la sostenibilidad social, colocando el nivel de disclosure o transparencia al menos en el mismo plano que la ambiental", concluye Rivero.
