Nueva York
Los legisladores demócratas están debatiendo una serie de propuestas fiscales dirigidas a las empresas y a las rentas más altas en Estados Unidos, que incluyen gravámenes sobre la recompra de acciones, las emisiones de carbono y la remuneración de los ejecutivos, según adelanta Bloomberg.
Las medidas en mente van más allá de las propuestas por el presidente del país, Joe Biden, para ayudar a financiar un aumento del gasto en programas sociales por valor de 3,5 billones de dólares.
Una de las ideas en mente de los senadores demócrata es aplicar un impuesto especial a las recompras de acciones o tratarlas como dividendos fiscalizables a los accionistas, según dos personas familiarizadas con los debates en curso del Comité de Finanzas del Senado.
También podrían limitarse las deducciones de las empresas por la remuneración de los ejecutivos mientras los principales directivos podrían enfrentarse a un impuesto especial si su remuneración supera la de un trabajador medio de la empresa en una determinada proporción.
Las opciones fiscales fiscales barajadas darían a los demócratas más flexibilidad a la hora de emprender las negociaciones sobre cómo pagar una propuesta de 3,5 billones de dólares de inversiones a largo plazo en atención infantil, educación y otros programas sociales.
Biden y los legisladores demócratas han dejado claro en repetidas ocasiones que sus planes no aumentarán los impuestos a quienes ganan menos de 400.000 dólares al año. Dicho esto las rencillas dentro del propio partido amenazan con frenar el avance de la ambiciosa agenda del inquilino de la Casa Blanca.
Revuelta entre los demócratas
Precisamente esta semana, el senador Joe Manchin (demócrata de Virginia Occidental) reafirmó enérgicamente su oposición al tamaño del paquete de reconciliación de 3,5 billones de dólares y, más sorprendentemente, abogó por una "pausa", lo que sugiere que podría no estar de acuerdo con el agresivo calendario que persigue el liderazgo del partido tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Representantes.
Desde Citi, su economista jefe, Andrew Hollenhorst, estima que sigue siendo probable un proyecto de ley de reconciliación significativo, "pero las declaraciones de Manchin aumentan el riesgo en torno al tamaño y el calendario de aprobación: se necesitan los 50 votos en el Senado para aprobar esta legislación", recuerda.
Precisamente, una de las razones por las que el paquete de medidas podría recortarse, tal vez hasta 1,5 billones de dólares en lugar de 3,5 billones, es que se acercaría más a la cantidad de ingresos que podría obtenerse subiendo el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28%, junto con tipos marginales más altos para las rentas más altas y otros cambios probables en el código fiscal.
Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, animó este viernes a los legisladores "a que recuerden la oportunidad histórica de contar con un código fiscal que funcionen para la clase media". Al respecto indicó que EEUU puede imponer un impuesto del 21% sobre los beneficios extranjeros de las multinacionales estadounidenses, que sigue siendo mucho menos de lo que pagan las empresas más pequeñas que obtienen sus beneficios en casa.
Yellen hizo así referencia al acuerdo global dentro del marco de la OCDE que según ella "igualará las condiciones de las empresas estadounidenses y proporcionará los recursos necesarios para invertir en las prioridades que harán crecer la economía". Según dijo en su cuenta de Twitter, esta histórica reforma fiscal internacional proporcionará ingresos para reconstruir las infraestructuras, invertir en educación y aumentar la formación de la mano de obra, "todo lo cual contribuye a que EEUU siga siendo el mejor lugar del mundo para hacer negocios".
Un calendario ajustado
La semana pasada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de California), llegó a un acuerdo que garantizaba una votación sobre el proyecto de ley de infraestructuras (por alrededor de un billón de dólares) para el próximo 27 de septiembre, con el fin de apaciguar a un grupo de demócratas moderados del Congreso.
Aún así, los progresistas dejaron claro que sólo apoyarían esta votación si estaba claro que se aprobaría un paquete de reconciliación aceptablemente amplio además del plan bipartidista de infraestructuras. Esto ha mantenido la atención en la fecha límite del próximo 15 de septiembre para que los comités completen los detalles del paquete de reconciliación. Los progresistas de la Cámara de Representantes se han apresurado a hacer comentarios públicos en contra de la defensa de Manchin de un paquete más pequeño y un proceso más largo.
Aparte de la reconciliación, en los próximos 27 días el Congreso debe abordar un posible cierre del gobierno a finales de septiembre y el proyecto de ley de infraestructuras bipartidista, que incluye 550.000 millones de dólares en gasto adicional. La Cámara de Representantes podría, en teoría, proceder a la votación a través de un proyecto de ley de reconciliación partidista, pero si Manchin no se compromete a votar a favor del proyecto de ley en el Senado (donde se necesitan los 50 votos de la bancada demócrata) será difícil para Pelosi tranquilizar a los progresistas de la Cámara de Representantes de que sus prioridades se convertirán en ley.
