ROMA (Reuters) - El Senado italiano aprobó el miércoles el criticado programa de austeridad del Gobierno, que pretende poner freno a una crisis financiera, en una moción de confianza solicitada por el primer ministro, Silvio Berlusconi.
El plan, que ha sido modificado de forma drástica en varias ocasiones bajo presiones del Banco Central Europeo y la Unión Europea, pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde Berlusconi tiene una mayoría ajustada pero aún estable.
Se espera su aprobación definitiva en los próximos días.
El martes por la noche, el Gobierno cedió ante las crecientes peticiones de reforzar el paquete y subió el impuesto al valor añadido, elevó la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado e introdujo un tributo a las rentas altas.
El Senado aprobó el plan, que pretende equilibrar el presupuesto en 2013, con 165 votos a favor y 141 en contra.
Después de semanas de críticas por los cambios de opinión del Gobierno sobre el paquete, Berlusconi pidió el voto de confianza para poner fin a nuevas discusiones sobre el texto en el Senado. De haber perdido la moción, se habría visto obligado a dimitir.
Mientras el Senado votaba, la policía empleaba gases lacrimógenos y cargas con porras para dispersar a los manifestantes que criticaban las medidas frente al edificio.
Después de las últimas revisiones, la combinación de subidas de impuestos y recortes de gastos supone más de 54.000 millones de euros en los próximos tres años, según el Tesoro.
Los rendimientos de los bonos italianos volvieron a bajar en la mañana del miércoles después de que un tribunal constitucional alemán rechazara una demanda que pretendía impedir que Berlín, el mayor pagador de la zona euro en la práctica, participase en los rescates a gobiernos en problemas.
El Gobierno de centro derecha de Berlusconi ha atraído críticas internacionales por la forma caótica en la que ha respondido a las demandas del BCE de planes concretos y claros para reducir su gran deuda pública.
Mientras continuaba la crisis, la propia posición de Berlusconi ha estado bajo un creciente escrutinio y el presidente italiano, Giorgio Napolitano, sus socios europeos, sindicatos y líderes empresariales italianos han expresado críticas cada vez más directas.
BERLUSCONI NO SE VA
Berlusconi ha rechazado las repetidas peticiones de que dimita, y el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, descartó la idea de que el primer ministro debería dejar paso a un Gobierno no partidista de especialistas que puedan sacar a Italia de la crisis.
"Los Gobiernos los nombran los votantes, no los cocinas como si estuvieras en una cocina", dijo.
Italia, la tercera economía de la zona euro, ha estado en el centro de la crisis de deuda desde el comienzo en julio, cuando los mercados empezaron a dudar de su compromiso para recortar su montaña de 1,9 billones de euros de deuda.
Sólo la intervención del BCE comprando bonos italianos ha impedido que los costes de su deuda se salgan de control y desestabilicen toda la eurozona. Pero el BCE ha advertido que su apoyo no puede darse por sentado.
La coalición de centro derecha de Berlusconi está muy dividida en cuanto a si elevar los impuestos o reformar los impuestos, y el ministro de Economía, Giulio Tremonti, considerado un día como un garante de la estabilidad financiera, parece cada vez más aislado.
La decisión del martes de elevar el IVA supone una derrota en particular tras su larga oposición a esta medida, pero no ha logrado encontrar una fuente alternativa de financiación.
Según una evaluación técnica ofrecida por el Tesoro, la subida de un punto porcentual del tributo hasta el 21 por ciento debería suponer 700 millones de euros en 2011 y otros 4.200 millones de euros en 2013. El volumen total del paquete crecerá a 54.200 millones de euros para 2014, según el informe.
Además de la subida del IVA y el impuesto del 3 por ciento en rentas superiores a 300.000 euros, el aumento progresivo de la edad de jubilación para las mujeres en el sector privado, que ya estaba previsto, se adelanta a 2014.
El paquete también incluye recortes en el gasto de gobiernos central y locales, medidas contra la evasión fiscal que incluyen penas de cárcel para delitos graves y normas que intentan rebajar el coste del intrincado sistema político italiano.
Además, el Gobierno está preparando una enmienda constitucional sobre el equilibrio presupuestario, pero el complicado proceso político necesario para introducir esos cambios supone que cualquier medida llevaría meses o incluso años.