MADRID (Reuters) - El Senado español aprobó el miércoles por amplia mayoría la controvertida reforma de la Constitución para incorporar a la Carta Magna un límite al déficit fiscal del país.
La reforma fue aprobada en la Cámara alta con el voto favorable de 233 senadores sobre un total de 262, con 3 votos en contra y algunos senadores abandonando el hemiciclo en señal de protesta.
El resultado de la votación era previsto, al haber sido ya aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada de manera abrumadora con los votos de los dos partidos mayoritarios, el gobernante PSOE y el Partido Popular.
Con la introducción de esta regla fiscal, el Parlamento español reformará del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, que impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4 por ciento del producto interior bruto a partir de 2020 para el conjunto de las administraciones públicas.
Hasta ahora, la Carta Magna española sólo ha experimentado, desde su promulgación en 1978, una reforma por el procedimiento de urgencia cuando en 1992 fue adaptada al Tratado de Maastricht para que pudieran votar los extranjeros en elecciones locales.
Mientras en el exterior la reforma constitucional ha sido bien recibida en círculos políticos --sobre todo alemanes-- al producirse en un momento de fuerte crisis de confianza en los mercados financieros, en España ha sido criticada desde muchos sectores de la sociedad al no ser sometida una consulta ciudadana.
El martes, miles de personas protestaron contra la reforma constitucional en una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios.
El mes pasado, el diferencial del país estuvo peligrosamente cerca de los niveles que provocaron el rescate de Grecia y otros países europeos, y se recuperó sólo después de una campaña sostenida de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo.
El déficit español es motivo de preocupación en Europa ante el temor de que pudiera necesitar un rescate al estilo de Grecia. El país se ha comprometido a rebajar el déficit del sector público al 3 por ciento del producto interior bruto para finales de 2013, en línea con las directrices europeas.
