La nueva presidenta de RTVE, Elena Sánchez, no está teniendo un mandato tranquilo. Su nombramiento se ha puesto en entredicho desde el primer momento y ahora podría estar pendiendo de un hilo.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por los sindicatos UGT, USO y SI contra su nombramiento como nueva presidenta de la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE), según han informado las organizaciones sindicales en un comunicado conjunto. Además, el juzgado de lo mercantil nº 18 de Madrid ha emitido la correspondiente cédula de emplazamiento por la que cita a CRTVE "a comparecer en el juicio expresado, para contestar a la demanda" en un plazo de 20 días.
Los sindicatos esperan que la decisión de declarar nulo su nombramiento "no tenga que demorarse hasta el final del proceso judicial, ya que por la vía administrativa se ha ordenado la apertura de una pieza separada para la adopción de medidas cautelares".
En dicho comunicado, hacen un llamamiento a los miembros del Consejo de Administración "para que extremen la prudencia a la hora de adoptar decisiones que con mucha probabilidad serán declaradas tan nulas como el nombramiento de Elena Sánchez, ya que podrían incurrir en graves irregularidades con consecuencias de las que tendrán que responder".
Algunas de las decisiones que más se están criticando son, por ejemplo, el aumento de los controles públicos desde que es presidenta. Según datos de la Plataforma de Contratación del Gobierno, entre octubre y enero, coincidiendo con su mandato, se han duplicado los contratos a dedo adjudicándose más de 4,75 millones frente a los 2,4 millones del mismo periodo de 2021.
La principal reclamación de los sindicatos reside en que Sánchez ha sido nombrada únicamente con el apoyo del Consejo de Administración y no cuenta con el visto bueno del Congreso de los Diputados, lo que significa que es presidenta interina. Un escollo que el Gobierno solventó aprobando en Consejo de Ministros un cambio de los estatutos de la Corporación para otorgarle funciones ejecutivas.
"Es inaceptable esa irresponsabilidad con la legislación vigente y con una radiotelevisión que es de todas y todos. Desde UGT, SI y USO seguiremos con más demandas tras esta, y confiamos en que, si no lo hace el sentido común, sea la justicia quien corrija de una vez por todas esta ilegítima y lamentable situación", han denunciado en más de una ocasión.
