La Generalitat no retirará los cargos contra los payeses detenidos tras las protestas de Reus

Reus (Tarragona), 26 oct (EFE).- La Generalitat no retirará los cargos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad contra los tres payeses que el pasado sábado fueron detenidos en Reus tras producirse disturbios entre agricultores y Mossos d'Esquadra en el transcurso de una manifestación.

En rueda de prensa celebrada esta tarde, el delegado de la Generalitat en Tarragona, Xavier Sabaté, ha afirmado que la sociedad "no entendería" que los Mossos d'Esquadra y el departamento de Agricultura retirasen las denuncias presentadas contra los detenidos, ya que será la ciudadanía quien finalmente tendrá que pagar los daños causados.

Según el delegado del gobierno catalán, "no se puede dar un trato diferente" a un agricultor respecto a "cualquier otra persona" porque, en su opinión, la actuación de algunos payeses el pasado sábado fue "violenta".

Sabaté ha defendido el derecho de todos a manifestarse de forma "pacífica, cívica, ordenada y sin violencia", algo que, según él, no ocurrió en Reus, ya que "se atentó contra un bien público como es la estación enológica, un edificio modernista catalogado de alto interés cultural".

Respecto a los daños causados a la puerta del inmueble, ha estimado que los gastos de reparación ascenderán a unos 6.000 euros.

Sabaté también ha criticado que los dirigentes del sindicato Unió de Pagesos, organizador de la tractorada, no hayan condenado los hechos: "No pueden avalar, aplaudir ni dejar de condenar estos hechos", ha lamentado.

En cuanto a la actuación de los Mossos d'Esquadra, ha recordado que una de sus funciones principales, encargada por los ciudadanos y recogida en la Constitución y el Estatut, es "preservar la seguridad e integridad de los bienes y de las personas", al mismo tiempo que ha apuntado que los agentes de este cuerpo "son personas como cualquier otra, dignas de ser respetadas y de no ser agredidas".

En esta línea, Sabaté ha asegurado que la policía autonómica "cumplió con su obligación de defender un equipamiento público" y sólo respondió "a la violencia de unos pocos".

Finalmente, ha negado que la actuación policial fuese fruto de "una decisión política".