Tras haber invertido 150 millones de euros, la empresa pública madrileña prepara el cierre de su red en Latinoamérica.
El Canal de Isabel II ha valorado los activos de su red latinoaméricana, en proceso ahora de venta o cierre de filiales, en 127 millones de euros, según las últimas cuentas anuales de la empresa pública. El estallido de la Operación Lezo ha puesto en cuestión la red que el Canal de Isabel II tiene en la región ante las sospechas de que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, podría haberla utilizado para el blanqueo de capitales. El grupo, que había anunciado ya en julio del año pasado una reestructuración y la liquidación de parte del entramado, encargará ahora una auditoría para valorar los activos de cada una de sus filiales al otro lado del Atlántico. En los últimos meses, el actual presidente del Canal, Ángel Garrido, ha acometido ya el cierre de las empresas que estaban sin actividad.
En el último informe de la Cámara de Cuentas, elaborado en 2016, figuraban sin actividad las dominicanas Watco e Inforesa, la Triple A de Venezuela y las mexicanas Iamex y Mexaqua. Entre las sociedades que se habrían cerrado también figuraría Emissao, cuya compra en noviembre de 2013 por 21,3 millones de euros desató las sospechas y está en el origen de la trama de corrupción, el desvío de fondos a paraísos fiscales y el blanqueo de capitales.
Una inversión de más de 150 millones de euros
El Canal lleva invertidos en total más de 150 millones de euros en montar la red latinoamericana, de acuerdo con la investigación que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Del total de la cifra de negocios del grupo, que asciendió en 2015 a 1.034 millones de euros, el 83 por ciento se genera en el mercado nacional y el 17 por ciento en el iberoamericano. La mayor parte de la inversión se ha efectuado en la compañía colombiana Inassa, cabecera de gran parte de los negocios en la región y en la que el Canal tiene una participación actualmente del 81,24 por ciento, quedando el 18,76 por ciento restante en manos de la fima Sociedad Latinoamericana de Aguas (Slassa), con sede en Panamá. Para llegar a esa participación, el Canal ha desembolsado ya un total de 113,4 millones de dinero público.
La entrada en Inassa se produjo en 2001, con Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la comunidad autónoma, y Carlos Mayor Oreja al frente del Canal a través de la sociedad filial Extensia. El Ejecutivo acordó en ese momento la compra del 75 por ciento de la compañía por un importe de 83,6 millones de euros, pero tan sólo un año después tuvo que hacer una ampliación de capital por otros 13,7 millones más. En 2005 pagó otros 511.000 euros por un 3 por ciento adicional y en 2006 suscribió una segunda ampliación de capital para llegar a la actual participación accionarial por otros 16,1 millones.
De Inassa cuelgan actualmente diez sociedades filiales a lo largo y ancho de todo el Continente. En concreto, hay cinco firmas colombianas -Triple A, Metroagua, R&T, Amerika Tecnologías y de la Información y Avanzadas Soluciones de Acuedutos y Alcantarillado (Assa)-; dos ecuatorianas -Inassa Ecuador y Amagua-, la dominicana Triple A, la panameña Inassa Panamá y la brasileña Emissao. Algunas de estas compañías estaban ya integradas en el grupo Inassa cuando fue adquirido por el Canal de Isabel II, pero otras se han ido comprando a lo largo de los años. Así, por ejemplo, la empresa pública madrileña ha desembolsado tan sólo en Colombia 15 millones por Triple A en Barranquilla, 1 millón por Aguas de la Guajira, otro millón por la Triple A de Ecuador y, sobre todo, 21,3 millones por la brasileña Emissao. Al margen de las compras, el Canal ha ido también creando sociedades para incrementar la red, como la firma offshore Soluciones Andinas de Agua, constituida en Uruguay para articular la compra de Emissao.
El Canal de Isabel II llevó a cabo en noviembre de 2013 la compra de esta filial brasileña, Emissão Engenharia e Construções, con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su consejo de administración. Cifuentes se había incorporado año y medio antes, en marzo de 2012, en representación de la Administración General del Estado, como delegada del Gobierno.
Sin embargo, y según han explicado en las últimas semanas fuentes del Ejecutivo autonómico, la empresa pública no pidió permiso en ningún momento a su máximo órgano ejecutivo, por lo que Cifuentes no habría tenido conocimiento alguno de los términos de la operación, que se elevó a 21,4 millones de euros. A pesar de la existencia de importantes deficiencias legales y financieras, la compra fue aprobada por el consejo de Canal Extensia, la filial del grupo encargada del desarrollo del negocio internacional en Latinoamérica.
Al margen del órgano ejecutivo del grupo, el Canal tampoco pidió autorización ni al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el órgano colegiado que dirige la política autonómica, ni a la Consejería de Hacienda. En ese momento, el presidente de la Comunidad era Ignacio González, que había nombrado al frente de la empresa a su número dos, Salvador Victoria. El juez de la Audiencia Nacional ha detallado en sus autos que la operación se llevó a cabo sin "razones jurídicas ni económicas" que justificaran la compra, que además no estaba incluida en el Plan Estratégico de Canal.
La actuación de Cifuentes
Aunque es cierto que Cifuentes llevó el caso a la Fiscalía, dos años después de la compra de Emissao, y pese a que el quebranto patrimonial causado por la operación ya era público -el balance consolidado reflejaba un deterioro de 26 millones-, cuatro consejeros de su Gobierno firmaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2015. Se trata de su número dos en el Gobierno autonómico, Ángel Garrido, presidente del Canal; de la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, que además de vicepresidenta de la empresa pública estaba ya en el comité de auditoría; y de los consejeros de Transporte y Medio Ambiente, Pedro Manuel Rollán y Jaime González Taboada, respectivamente.
Tras la puesta en marcha de una comisión de investigación en 2015 en la Asamblea de Madrid y ante la falta de explicaciones por parte del PP regional, el pasado mes de marzo todos los grupos de la oposición -Podemos, PSOE y Ciudadanos- denunciaron la operación ante Anticorrupción. En dicho escrito, ponen especial énfasis en la actitud del Comité de Auditoría Interna del Canal, constituido en 2014, justo después de la compra de la empresa brasileña. "Ha sido sorprendente el silencio que el mismo ha tenido respecto del quebranto patrimonial provocado en la empresa participada, que lógicamente impactó en el conjunto del Canal, con independencia de sus resultados consolidados", se asegura en la denuncia. Según la oposición, durante las comparecencias en la comisión de investigación no se aportó ningún informe alertando de la situación.
La denuncia señala que, pese a que el deterioro ya alcanzaba varios millones, "no fue reseñado ni denunciado ni parecía ser objeto de preocupación de los miembros del Comité de Auditoría, que se supone que es un órgano independiente del Grupo Canal y que cuenta con todos los recursos". Desde el PSOE argumentan, además, que Cifuentes entregó a la Fiscalía el pasado julio "información parcial e incompleta" y sólo después de que la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea comenzara a estudiar meses antes la operación en Brasil. La investigación contra la trama, en cualquier caso, sigue abierta.
