Las cooperativas de viviendas representaron en 2015 el 28% de la promoción de nuevas viviendas en España, según los datos registrados por la nueva Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), que asegura que esta cifra se eleva al 50% en el caso de Madrid. Carmena quiere prohibir que los coches diésel circulen en Madrid para 2020
Sin embargo, a pesar del auge que está teniendo este modelo de construcción, estas sociedades tienen desde hace varios meses un nuevo enemigo. El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, está paralizando y retrasando algunos de sus proyectos más relevantes.
El caso más sonado es el de la cooperativa del Residencial Metropolitan (antiguas cocheras de Metro de Madrid), que se compone de 443 familias. El Ayuntamiento reclama ahora el 10% del suelo que adquirieron, lo que supone dejar a unas 43 familias sin vivienda.
Inseguridad jurídica
La gestora de este proyecto, Grupo Ibosa, asegura que ha intentado negociar con el Consistorio sin éxito y advierte de la inseguridad jurídica que genera en el sector este tipo de casos. "Siempre tenemos en cuenta posibles retrasos, pero no contábamos con que un nuevo Ayuntamiento se replanteara la operación a origen", explica José Perucho, director general de Grupo Ibosa, que asegura que la inseguridad jurídica continuará hasta que el Ayuntamiento apruebe el nuevo plan parcial.
La nueva Asociación nace precisamente para dar voz a este sector frente a las administraciones y también para poder representar las necesidades del mismo y mostrar a los usuarios la profesionalización que existe en este mercado gracias a las gestoras que trabajan con las cooperativas.
"Queremos tener presencia en el debate urbanístico y caminar de la mano con la actual Federación de Cooperativas de Viviendas", explicó ayer Roberto Jiménez, presidente de AGV. Además han desarrollado un código deontológico para evitar el intrusismo en el sector y poner límites a los honorarios.