El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado ya un proceso de auditoría de su deuda pública y de todas las contrataciones de los equipos de gobierno anteriores -también las actuales-, cuyas conclusiones se pretenden someter a consulta ciudadana para la posterior toma de decisiones.
El concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha informado hoy de la puesta en marcha de esta auditoría en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y ha concretado que en ella no solamente se analizarán los "aspectos legales" sino el impacto financiero, económico, social y medioambiental de las decisiones.
"Nos comprometemos a que la gente sea la que hable y la que decida si un contrato financiero es lesivo para los intereses municipales o no lo es, evidentemente con información", ha dicho en la rueda de prensa el concejal responsable del área, sin concretar de qué modo se llevará a cabo ese mecanismo "democrático vinculante".
La práctica totalidad del equipo técnico está integrado por funcionarios municipales (se incorporará también algún otro experto como Bibiana Medialdea, profesora de la Universidad Complutense de Madrid), y el concejal aspira a que prácticamente todos los empleados municipales aporten datos necesarios para el proceso.
Frente a todo ese equipo se sitúa el funcionario Álvaro Sánchez Martí, que ha sido nombrado Subdirector General de la Auditoría de la Deuda. "No se trata solo de mirar atrás", ha dicho el concejal Sánchez Mato, que pretende articular "instrumentos" para visibilizar también la gestión del actual equipo de Gobierno así como "poner en marcha protocolos para evitar que determinadas prácticas no se vuelvan a producir".
Por ello, la auditoría no afectará solo a la deuda pública sino que será integral, irá "más allá" y no se limitará a analizar -"no es una tesis doctoral", ha ironizado el concejal de Hacienda- sino que servirá para evaluar y para ayudar en la toma de decisiones.
Y por ello el Ayuntamiento quiere que la ciudadanía tenga un "papel primordial" y pueda participar en la auditoría a través de las Juntas de Distrito y de otros organismos que se puedan crear para ello.
Como ejemplo de contrataciones que serán sometidas a análisis, ha nombrado los contratos de externalización de los servicios de limpieza de la ciudad o los de alquiler de edificios municipales, que supusieron un sobrecoste a las arcas públicas de 9,5 millones de euros, según los primeros análisis.
Pese a lo que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fijó el lunes un plazo de uno o dos meses para tener acabada la auditoría de la deuda, hoy el concejal delegado del área ha dicho que el proceso va a ser "largo" porque la "documentación es ingente": "El resultado final no va a acabar en tres o cuatro meses".
Se conocerán los resultados poco a poco
El concejal no ha querido aventurar de qué manera va a proceder el Ayuntamiento si descubre que toda o una parte de la deuda es ilegal, ha recordado que Ahora Madrid gobierna en minoría, pero se ha preguntado: "¿A alguien le parece ilógico que el Ayuntamiento de Madrid actúe si hay una parte de la deuda que es ilegal?".
Ha comentado además que "puede haber contratos legales" por los que el Ayuntamiento paga el doble de lo que debería, lo que a su juicio es ilegítimo. "No estamos hablando del dinero de Manuela Carmena o de Ana Botella, sino del de todos los madrileños", ha indicado.
Con la puesta en marcha de este organismo, el equipo de Gobierno asegura dar cumplimiento al programa electoral de Ahora Madrid y al acuerdo plenario del 22 de julio, que recibió el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.
A preguntas de los periodistas, Sánchez Mato ha dicho sobre la afirmación de la alcaldesa de que no habrá reestructuración de la deuda que "el mensaje es el mismo" que el suyo y que la deuda de Madrid es sostenible económicamente. "Técnicamente tenemos capacidad de pagar", ha dicho para añadir después: "Políticamente ya veremos qué hacemos".
