El número de concursos se mantiene estable con alrededor de 3.600 en 2018. Durante el año pasado se produjo una disminución del total de pasivos incursos en dicho procedimiento del 7,9 por ciento. La concursada típica pertenece al sector servicios -no inmobiliarios-, inicia el procedimiento con 12 años de edad, tiene contratados 6 empleados y un pasivo cercano a los 400.000 euros, frente a los casi 600.000 euros de 2015, o los 900.000 euros de 2014.
Son algunas de las conclusiones del Anuario Concursal 2018 del Colegio de Registradores. La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento -voluntario en el 94 por ciento de los casos- sigue estando bastante deteriorada: más del 66 por ciento tiene pérdidas, y aproximadamente un 70 por ciento necesitaría 25 o más años para atender sus deudas con los recursos que genera. El 55,6 por ciento no genera recursos positivos.
De nuevo alrededor de un 15 por ciento tendría capacidad financiera suficiente para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites marcados por la Ley concursal -quita del 50 por ciento y espera de un total de 5 años en términos generales-.
Las sociedades del ciclo de la construcción suponen un 25,8 por ciento del total de la muestra -30,1 por ciento en 2016, 27,3 por ciento en 2017-. Pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 59,4 por ciento
En 2018, ya consolidada como una característica estructural del procedimiento, y con una tendencia creciente, la opción habitual tras la fase común es la liquidación, en un 94,3 por ciento de los casos. Y en más de 1.150 asuntos se produce la conclusión del concurso simultáneamente a su apertura por insuficiencia de recursos para costear el procedimiento.
Los datos de los registradores confirman que las sociedades que inician la fase de convenio, así como las que finalmente logran el acuerdo en 2018 son patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio.
En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios -y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos-, la mediana en 2018 ha sido del 47,6 por ciento del pasivo, ascendiendo al 75,8 por ciento en el caso de propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores.
Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva -liquidación o convenio- se inicia en menos de un año en el 62,3 por ciento de los casos. En los ordinarios es un 54,6 por ciento, lo que supone una mejora evidente respecto a 2017, cuando era un 38,5 por ciento. Sea cual sea la tramitación, es más rápido en el caso de los concursos voluntarios.