"El modelo actual de Justicia está agotado y son necesarios cambios legislativos, organizativos y tecnológicos con un gran acuerdo de todas las formaciones políticas", según diagnosticaron el exministro Rafael Catalá, candidato a diputado del PP por Cuenca, y el exsecretario de Estado de Justicia y candidato al Congreso por el PSOE en Cádiz, Juan Carlos Campos.
"No es solo un problema de aumentar las partidas presupuestarias, ya que no tendríamos jueces suficientes y no se ha inventado una impresora 3D que los haga y tenemos leyes lentas que no se adaptan a las exigencias de las nuevas tecnologías", explicó Campos, en su intervención en un debate celebrado ayer en el Consejo General de Graduados Sociales, moderado por su presidente Ricardo Gabaldón.
Aunque coincidieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo de Estado para modernizar la Justicia, Catalá mostró sus reticencias sobre la posibilidad de alcanzarlo, "ya que los socios del PSOE me parecen impresentables, si miro los programas de Justicia de PDeCAT, ERC y Bildu. Me ponen los pelos como escarpias. No me veo haciendo acuerdo con ellos, por que sus modelos de Justicia son muy diferentes".
También marcó diferencias el exministro al referirse a las prioridades socialistas, que centró en la memoria histórica y en la justicia universal. Para Catalá, se trata de "prioridades presupuestarias" y reiteró que "los socios con los que se puede hacer el camino con el PSOE no son los más recomendables".
Por ello, Catalá invitó al PSOE a trabajar en el logro de acuerdos con "los partidos democráticos y constitucionalistas. Un acuerdo con los nacionalistas catalanes, con Bildu o con la extrema izquierda comunista los veo imposibles, porque tienen unos modelos muy diferentes".
Campos rebatió los argumentos de Catalá explicando que la partida de memoria histórica ha supuesto tan solo un desembolso de seis millones de euros y se trata de un asunto que "no tiene nada que ver con la Administración de Justicia y sí con la Justicia".
Con respecto a los acuerdos con nacionalistas y bildu, destacó que poco se puede acusar al PSOE de alcanzar estos pactos, cuando ellos se opusieron a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y forzaron la convocatoria de elecciones". También, afirmó Campos que "dialogar no es ceder y pactar no es entregarse al enemigo". Ahí, recordó que PP y PSOE han logrado algunos acuerdos decisivos en materia de Justicia como ha ocurrido en los casos de la lucha contra ETA y, mas recientemente contra el yihadismo".
Un acuerdo volatilizado
Campos recordó el trabajo realizado por la Comisión de Justicia en la pasada legislatura, con 102 medidas acordadas, pero que saltaron por los aires cuando se abordaba la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, con el abandono de Unidos Podemos y, después, de Ciudadanos.
Catalá, por su parte, destacó también las diferencias que existen en la territorialidad de la Justicia. Acusó al PSOE de estar intentado acabar con los juzgados de paz y dejar aún más árida en servicios a la España vaciada, al trasladarlos a las capitales de provincia.
A este respecto, el candidato socialista negó que el PSOE pretenda acabar con los partidos judiciales, sino que lo que se trata de llevar a las capitales de provincia son los nuevos juzgados especializados, que superan al partido judicial, excepto los de violencia de género.