El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público. La normativa refuerza la disponibilidad y el uso innovador de los datos públicos o con financiación pública, lo que a su vez ayudará a impulsar el desarrollo de tecnologías que hacen un uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial.
El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, avalan y se han mostrado hoy satisfechos por el resultado de la votación en una declaración conjunta.
"Estamos muy satisfechos por el apoyo abrumador a la Directiva sobre los datos abiertos entre los diputados al Parlamento Europeo", señalan en una nota conjunta. "Los datos son un activo esencial de la economía digital, y una gran parte de ese activo es generada por el sector público. Para aprovechar plenamente su potencial de innovación, es fundamental que los datos públicos o con financiación pública sean fácilmente accesibles para los ciudadanos y las empresas de la UE. Esto es especialmente cierto en el caso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes cantidades de datos", añaden.
Ansip y Gabriel entienden que "es necesario reforzar las normas de la UE sobre la reutilización de la información del sector público para adecuarla a la rápida evolución de las tecnologías y superar los obstáculos que impiden a las pymes y las empresas emergentes innovar en la utilización de recursos de datos públicos". A su juicio, "gracias a la Directiva sobre los datos abiertos adoptada hoy, los datos en tiempo real del sector público, así como los de las organizaciones de investigación y las empresas públicas, serán más fácilmente accesibles y utilizables tanto por las máquinas como por las personas".
Próximas etapas
El texto adoptado hoy por el Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado oficialmente por el Consejo de la UE. A continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para aplicar las normas revisadas, antes de que entren en vigor. La Comisión empezará a trabajar con los Estados miembros en la identificación de conjuntos de datos de alto valor, que se dispondrán en un acto de ejecución.