
Madrid, 29 mar (EFE).- El recurso que en 2010 presentaron 71 diputados del PP contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno socialista, que liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, sigue dormido en el Tribunal Constitucional, sin vistas de resolución a medio plazo.
Tras las polémicas declaraciones del número dos de la lista del PP al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, los populares han insistido en que no van a hacer propuestas sobre al aborto hasta que no se pronuncie el Constitucional.
Pero fuentes de este organismo consultadas por Efe no auguran una rápida sentencia sobre un asunto que llegó hace ya casi nueve años al Tribunal y en el que no hay consenso entre los magistrados, como no lo había en 2010.
Y ello a pesar de que en el auto dictado ese mismo año en el que se desestimó la petición del PP de suspender cautelarmente determinados preceptos de la ley "al existir evidente perjuicio irreparable, ya que se está hablando de la eliminación de vidas humanas", el TC acordó dar "carácter prioritario a la tramitación y resolución" del citado recurso.
El ponente del recurso es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP que llegó al TC en 2012 y que previamente se había manifestado defensor del derecho a la vida y crítico con la legislación española sobre el aborto. Según fuentes jurídicas, ha habido varios borradores, pero el asunto nunca ha llegado al pleno.
La demora se debe en parte, explican estas fuentes, a que el mismo partido que presentó el recurso ganó las elecciones en 2011 con mayoría absoluta y con la promesa de reformar la ley del aborto, con lo que el tribunal quedó a la espera.
Pero Mariano Rajoy sólo reformó la norma para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las menores que quieran interrumpir su embarazo y el proyecto más ambicioso, que derogaba el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos, acabó incluso con la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón
En una entrevista con Efe el pasado mes de febrero, el líder del PP, Pablo Casado, afirmó que él cambiaría entera la ley, "la derogaría y volvería a la ley que tenía cohesión social que es la que se aprobó con Felipe González y respetó Aznar".
Se refería a la primera ley que reguló el aborto en España, aprobada en 1985 y que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
Pero la "cohesión" en torno a aquella ley no fue tal, ya que 54 diputados, encabezados entonces por el padre de Alberto Ruiz Gallardón, José María, presentaron un recurso previo de inconstitucionalidad contra el proyecto del entonces Gobierno socialista apelando al artículo 15 de la Constitución, que declara que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral".
En una sentencia dictada en abril de 1985, el TC -en una sentencia a la que se opusieron la mitad de sus magistrados y en la que fue determinante el voto del presidente- estableció que el proyecto era disconforme con la Constitución, pero no por los supuestos en los que declaraba no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas de ese artículo 15.
Se retocó por ello el proyecto para incluir las exigencias garantistas que había reclamado el TC, como el previo dictamen médico o la realización del aborto en centros autorizados, y finalmente la ley fue aprobada, con la oposición del grupo popular.
Relacionados
- El Constitucional exige implantar un recurso contra los decretos de los letrados de Justicia
- El tc inadmite el recurso de amparo de urdangarin contra su condena por falta de trascendencia constitucional
- El Constitucional inadmite el recurso de Urdangarin contra la sentencia del caso Nóos
- El Constitucional admite a trámite el recurso contra la norma que permite recoger datos ideológicos en Internet
- El constitucional admite el recurso del defensor del pueblo contra la norma que permite a los partidos recoger opiniones políticas de usuarios en internet