Barcelona, 11 mar (EFE).- La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado este lunes que se personará como acusación popular ante el ataque a un centro de menores extranjeros no acompañados (menas), por parte de 25 encapuchados en Castelldefels (Barcelona) que tuvo lugar el pasado sábado.
En un comunicado de prensa, la entidad ha condenado los hechos y ha mostrado su preocupación por "la escalada de violencia y los graves incidentes" que, según la Red, está provocada por "la parquedad de los medios y la nula implicación realista de las administraciones".
Este es el segundo ataque en menos de una semana a un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, en el primero, un hombre entró con un machete en una casa de colonias de Canet de Mar (Barcelona) que acogía a unos cincuenta menores.
Con la decisión de personarse judicialmente, la entidad pretende "garantizar que se procesa a un juicio que depure las responsabilidades en todos los niveles".
Según la Red, a pesar del incremento del número de plazas para acoger a los menores no acompañados, las instituciones no generan "soluciones eficaces que permitan una convivencia, mediación vecinal o un incremento de las plazas en servicios vinculados a la acogida".
Asimismo, ha aprovechado para pedir una reunión urgente con la Generalitat para "abordar nuevos modelos de integración que impidan la pervivencia de un modelo que no aporta soluciones y no responde a las necesidades de los menores".
La Red ha instado a las instituciones a reducir la ratio, evitar la concentración de menores en la misma unidad, así como a no acumular en una misma unidad a aquellos que cuenten con necesidades especiales.
En la misma línea, ha reclamado que se dote de unidades de salida para "evitar que los menores extutelados acaben fuera del sistema sin una respuesta que les aboque a deshacer el trabajo realizado hasta la fecha".
Por su parte, SOS Racismo también ha condenado el ataque y ha denunciado "la campaña sistemática de criminalización racista" que sufren estos jóvenes, que según la ONG no son tratados como menores por parte de la administración.