El borrador de reforma laboral que han presentado el Gobierno y los sindicatos no convence a expertos ni empresarios. Los laboralistas subrayan que las medidas introducidas en el texto solo beneficiarían a las arcas de la Seguridad Social.
"La gente está muy nerviosa", apunta Dídac Ripollès, socio del área Laboral del despacho Toda & Nel-lo. Sin embargo, el experto tranquiliza a los empresarios afectados por estos cambios, ya que ve "muy difícil" que el texto supere la tramitación parlamentaria, debido a la fragmentación política del Congreso de los Diputados.
El Gobierno busca en el Congreso un acuerdo para introducir cambios puntuales en la reforma laboral aprobada en 2012 por Mariano Rajoy, y para ello ha recurrido a una proposición de ley que tocaba uno de sus elementos, las condiciones de los trabajadores subcontratados, que llevaba más de un año congelada en la Cámara.
"Es uno de los puntos calientes de esta reforma", afirma Ripollès. "Han creado un texto en el que en la práctica va a haber muy pocas situaciones en las que no se considere que la subcontratación se realiza para cubrir procesos de la propia actividad de la contratista", explica.
"Esto descarga en la contratista la responsabilidad de los trabajadores de la subcontrata", señala.
Además, esta medida amplía los supuestos en los que la contratista debe asumir las deudas de la plantilla de la subcontrata. "De esta forma, cualquier deuda que se genere en la relación laboral, es como si fuera propia de la empresa que contrata los servicios", explica el abogado. "En cuanto a la representación de los trabajadores, si la subcontrata no tiene, la asumiría la contrata. Esto es una barbaridad . Con todo ello, muchos podrían adquirir la condición de fijos", indica el laboralista.
De este modo, a juicio de Ripollès estas medidas podrían paralizar la inversión y tener efectos negativos en la contratación de trabajadores.
Jornada efectiva
Otro de los aspectos controvertidos es la obligación de llevar un registro de la jornada efectiva. De este manera, las empresas deberán controlar las horas de trabajo de cada trabajador para evitar abusos.
"Lo justifican en términos de conciliación y salud", explica Dídac Ripollès. "Sin embargo, es una medida que a quien beneficia, sobre todo, es a las arcas de la Seguridad Social, ya que las multas irán desde los 626 euros a los 6.250 euros por cada trabajador afectado", añade.