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La Justicia solo aprecia el acoso laboral en los superiores jerárquicos

  • Los empleados no pueden cometerlo contra sus superiores
Foto: Archivo.

El acoso laboral no puede llevarse a cabo por los inferiores jerárquicos del denunciante, salvo que actúen en cooperación con quienes sí que sean superiores jerárquicos del trabajador afectado.

Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2018, en la que se recuerda que el delito de acoso laboral, también denominado mobbing, aparece específicamente tipificado en el artículo 173,1 del Código Penal tras la reforma del mismo por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

Por ello, el ponente, el magistrado Sánchez Melgar, determina que este delito tiene que ser entendido como hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. "Supone, por tanto, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática", concluye.

Integridad moral

Además, requiere este tipo penal que la conducta suponga un trato degradante, pues se constituye como una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, siendo característica de su realización el carácter sistemático y prolongado en el tiempo que determina un clima de hostilidad y humillación hacia el trabajador por quien ocupa una posición de superioridad de la que abusa.

También señala que se trata de generar en la víctima un estado de desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma constituyendo una ofensa a la dignidad. Por ello, el delito de acoso laboral exige la realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, de forma reiterada, ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, y se prevalga de esa condición para su perpetración, lo cual tiene que estar suficientemente acreditado y descrito en la sentencia condenatoria.

Sin embargo, el magistrado Sánchez Melgar dictamina que en el caso en litigio, los hechos reflejados no desvelan más que una situación de tensión, que se produce con tres funcionarios, inferiores de la denunciante, y a la que tratan de contribuir mediante un acercamiento amistoso, precisamente los dos alcaldes, celebrando comidas de hermandad, lo que no se consigue, siendo tales actos descritos en la sentencia recurrida insuficientes para conculcar el tipo objetivo.

Por todo ello, el magistrado anula la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial, al considerar que "en efecto, no se puede deducir más que una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables". Además, critica que la sentencia recurrida no analiza el requisito de autoría determinado por el prevalimiento de la situación de superioridad jerárquica que requiere el tipo penal, y que desde luego no concurre en los tres funcionarios municipales condenados en la instancia.

Por otra parte, en el caso enjuiciado, la Audiencia condena a los concejales que aprobaron en Pleno la destitución de la secretaria municipal, de estar obrando a sabiendas de que por su acreditación nacional no podía ser sancionada.

Pero no tuvo en consideración que no hubo informe jurídico municipal en sentido contrario y la Corporación contaba con el informe del director general de la Administración Local, que avalaba la posibilidad de sancionar.

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