Telefónica dice que opera en Costa Rica en apego a las leyes

San José, 8 ene (EFE).- La empresa Telefónica, investigada por presunta defraudación fiscal en Costa Rica, afirmó hoy que opera en este país en apego a la normativa y que colabora con las autoridades para esclarecer un caso de supuesto fraude contra la hacienda pública del país centroamericano.

"Telefónica Costa Rica se rige por valores y principios en todos los distintos ámbitos; como tal, estamos comprometidos con la sociedad costarricense en actuar con integridad y transparencia", indicó la empresa en un comunicado.

El texto agrega que "Telefónica de Costa Rica se caracteriza por desarrollar sus actividades comerciales en apego a la normativa vigente, como lo es la legislación tributaria nacional".

Las autoridades de Costa Rica llevaron a cabo hoy una serie de allanamientos a Telefónica de Costa Rica, por el presunto delito de fraude contra la hacienda pública por un monto de 1.250 millones de colones (unos 2,1 millones de dólares), por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 2017.

El Ministerio Público explicó en un comunicado que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios dirigió hoy seis allanamientos "con el objetivo de obtener prueba para una investigación tramitada por el presunto delito de fraude en contra de la hacienda pública".

Los allanamientos fueron a las oficinas de la empresa Telefónica de Costa Rica, la compañía filial Tejisa, el bufete Zurcher Odio & Raven y a la empresa de asesoría fiscal KPMG, así como dos bodegas.

El caso se refiere a presuntas "maniobras fraudulentas que consistieron en la creación e interposición de la empresa filial, para que, posteriormente, Telefónica vendiera a esta los activos indispensables con los que se realizaba su actividad económica principal", indicó el Ministerio Público.

Según la denuncia, interpuesta por el Ministerio de Hacienda el pasado 14 de diciembre, ambas compañías firmaron un contrato de compraventa financiada de activos en diciembre de 2017, en la cual, Telefónica otorgaba un préstamo financiero a la filial, pues esta no tenía la capacidad o la solvencia económica para comprar los activos.

"Se presume que, en la misma fecha del contrato de compraventa, se suscribió otro de arrendamiento entre ambas compañías, lo que permitió a Telefónica deducir y declarar un gasto de alquiler de activos ante el fisco costarricense, por bienes que nunca dejaron de pertenecerle", señaló el comunicado oficial.

Por este caso son investigadas seis personas de apellidos Neggelli, Torres, Arroyo, Donato, López y Mena.

Telefónica, que en Costa Rica opera la marca Movistar, asegura que ha mostrado una actitud de colaboración con las autoridades costarricenses y que ha facilitado el acceso a la información solicitada.

"En el período 2017-2018, Telefónica pagó al Estado más de 47.000 millones de colones (78,3 millones de dólares) por concepto de tributos, contribuciones parafiscales y otros pagos incluyendo el Impuesto sobre la Renta", expresó la compañía.

La empresa manifestó su "compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de las telecomunicaciones, invirtiendo en la mejora constante de la tecnología al servicio de la sociedad y honrando nuestras obligaciones impositivas".