Madrid
Los tribunales españoles resolvieron durante el tercer trimestre de 2018 un total de 1,2 millones de asuntos, un 2,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, este aumento de la capacidad de resolución se ve empañada por con la cifra de asuntos que quedaron en trámite 2,5 millones, lo que supone un aumento del 9,8 por ciento en el tercer trimestre del año.
Así lo revela el informe Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2018, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público ayer. Las cifras muestran que también se vio incrementado el número de asuntos que ingresaron en el conjunto de los órganos judiciales de toda España: un total de 1,3 millones de asuntos, un 0,7 por ciento más que el tercer trimestre de 2017.
Por otro lado, en el análisis estadístico por jurisdicciones se aprecia un aumento tanto de los asuntos ingresados como de los resueltos en todas ellas, menos en la jurisdicción Penal. En este ámbito se produjo una disminución interanual del 1,3 por ciento en los asuntos ingresados. En concreto, entraron 752.336 asuntos, se han resuelto 714.728 asuntos, -un 1,8 por ciento menos-, y han quedado en trámite 725.549 para final de año.
Por su parte, la jurisdicción Social ha ingresado 92.500 asuntos, un 1,8 más que en el tercer trimestre de 2017, y ha resuelto 67.317 asuntos, un 2,4 por ciento más. 292.268 casos se quedaron en trámite.
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 42.473 nuevos asuntos, con un incremento del 6,5 por ciento. Y además de esta cifra, se resolvieron 37.846 asuntos, un 6,9 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 185.337 asuntos.
Precisa el informe que una parte importante del incremento en la resolución es achacable a la Sala III del Tribunal Supremo, que ha dictado 854 autos de extensión de efectos en procedimientos relacionados con el céntimo sanitario y 586 providencias de inadmisión de recursos de casación. En la jurisdicción Civil, llegaron a los tribunales se incrementaron un 3,3 por ciento respecto a 2017. Se resolvieron un 10,6 por ciento más, y quedaron en trámite un 20,7 por ciento más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 28,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, y han sobrepasado esta media sobre todo comunidades del sur peninsular. A la cabeza Canarias, con 38,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, Islas Baleares con 32,8, y en tercer lugar Andalucía, con 32,7. En el segundo rango de las más litigantes se encuentra Asturias (con 29,9 casos), Cantabria (con 29,8) y Comunidad Valenciana (con 29,2).
Por el contrario, las autonomías con una litigiosidad más baja fueron Rioja, con 19,5 asuntos por cada 1000 habitantes, País Vasco, con 20,38 y Navarra, con 21,37.
