Madrid
Pedro Galindo es director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP) de España. Licenciado en Derecho y Diplomado en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. Abogado del Estado en excedencia. Ha participado en reuniones internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como en la implantación del modelo notarial de prevención de blanqueo en Perú, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Brasil y Colombia.
¿Cómo es la exportación del sistema a Latinoamérica?
La actuación en Latinoamérica es anterior a la presidencia de la Unión Internacional de Notariado Latino (UINL) de José Marqueño, pero se ha intensificado bajo su mandato. En Latinoamérica, siempre con matices, existen notariados en todos los países y en la gran mayoría de ellos, por tradición jurídica, hay funciones más o menos similares a las que tenemos en España, por ello se ha exportado este modelo. Todos esos países han pasado sistemas de evaluación del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) y en todos se ha puesto de manifiesto que una de las áreas de gran mejora es, precisamente, lo que en la jerga de blanqueo se denomina profesionales no designados, es decir, los que son sujetos obligados, pero no son entidades financieras y, obviamente, se ha tomado como referencia el modelo español por las propias organizaciones internacionales.
Comenzamos por Perú, seguimos por Bolivia, la pasada semana estuvimos en Costa Rica, México está también muy interesado, Brasil está dando pasos en esa dirección. Pero es curioso que no solamente hay países latinoamericanos, por ejemplo, Japón, cuya herencia civil es el Código Napoleónico, ha copiado el modelo del OCP, porque allí, el notario japonés tiene funciones muy parecidas al notario español. Por tanto, es un modelo que nacido y contrastada su utilidad en España se está exportando a todos los países con modelos notariales parecidos al español.
¿Existe poco conocimiento de la importancia del blanqueo de capitales?
En los foros internacionales se intenta limitar los resultados económicos de las actividades ilícitas -narcotráfico, trata de personas, prostitución-, eso es lo primero que salta a la vista, pero en el fondo, el lavado de activos a lo que va es a generar una gran desigualdad económica al crear una gran competencia desleal. Así, aquél que tiene una enorme bolsa de dinero procedente de una actividad ilícita, al poner un negocio hace competencia desleal respecto de aquel que sin dinero ilícito pone el mismo negocio. Una persona que sabe que tiene detrás a una organización delictiva y monta un negocio aparentemente lícito, no le importa ir a pérdidas, ni contratar pagando mayores sueldos, porque su intención es lavar esa bolsa de dinero a través de actuaciones, que aparentemente son lícitas. Por tanto, si no existiese el delito de blanqueo, sería muy difícil luchar contra mafias organizadas y, además, las normas de competencia sana deben realizarse sin trabas. Por otra parte, obviamente, está claro que la financiación del terrorismo lo que trata es de evitar que haya organizaciones de carácter terrorista que la obtengan. Lo que se busca con el lavado es que el dinero negro de convierta en blanco. En el ámbito de financiación del terrorismo, lo que se busca es que lo que es blanco, como puede ocurrir con lo que se ha dado a una ONG de manera bienintencionada, se transforme en negro.
"Quien sabe que tiene detrás a una organización delictiva, no le importa ir a pérdidas en su negocio aparentemente lícito"
¿En qué cifras se mueve el blanqueo?
Es muy complicado establecer cifras sobre este asunto. Hay algún estudio internacional que habla de una actividad ilícita de una quinta o sexta parte de la actividad económica mundial, pero no existen estadísticas oficiales. Además, los países son renuentes a transparentar sus propias vergüenzas. Es una cuestión compleja de determinar.
¿Qué relación se mantiene el Notariado con el Gafi?
Surge a instancias de la evaluación realizada en 2014. Cuando vino a España, una de las cosas que puso de manifiesto en sus Cuestiones Calientes es que no había información oficial sobre titularidad real, fiable, actualizada y accesible. Nosotros lo que hicimos a instancias del Ministerio de Economía, fue enseñar al Gafi nuestra base de datos de titulares reales, que ya en esa época servía para saber quién era el beneficiario final que detrás de una sociedad. A partir de entonces, la relación se estrechó, puesto que esta herramienta era pionera en el mundo y, además, por su cantidad y calidad informativa. En los grupos de trabajo del Gafi se fue incluyendo al Notariado español. Una de las áreas en las que se está trabajando es en la distinción en las propias recomendaciones entre la labor del abogado y la del notario. El notario es un funcionario público y, por tanto, su actuación en la prevención del lavado no puede ser la misma que la que desarrolla un abogado.
¿Qué importancia tiene el titular real?
Este es el artista invitado de los dos o tres próximos años. Hay que partir de dos realidades sociales, como es que el 90 por ciento de las personas jurídicas no se dedican a actividades de naturaleza ilícita y que el que lava activos lo que busca es usar mecanismos jurídicos en su beneficio. Se trata de esconder la titularidad real de quien es el dueño de esos bienes ilícitos usando pantallas jurídicas, que no son sociedades solamente, sino que pueden ser ONG, asociaciones, sindicatos, cooperativas o partidos políticos. Es falso que solo se pueda hacer a través de sociedades. La actuación de Gafi se ha dirigido a crear mecanismos cada vez más eficientes de conocimiento de la titularidad real y de quien. Está detrás de la titularidad real, de esas personas jurídicas, de un fideicomiso, de un trusts. Por tanto, las bases de datos de titular real son el aspecto fundamental sobre el que va a pivotar la prevención del lavado de activos. En España, el Notariado español no solo fue pionero en Europa sino a nivel mundial y el Gafi lo ha incluido en sus planes y se está exportando. Por eso, a nosotros nos ha producido sorpresa y perplejidad lo sucedido con el Registro Mercantil y la orden del depósito de cuentas este año, en el mes de marzo.
¿Por qué sorpresa y perplejidad?
Digo sorpresa y perplejidad porque no estamos hablando de una materia corporativa, sino a una medida que afecta a la persecución eficaz de delitos detrás de los cuales se emboscan otros delitos de manera muy execrable y, respetando la institución del Registro Mercantil, en las jornadas que acabamos de celebrar con autoridades de la prevención, queda patente que el Registro Mercantil no es un instrumento idóneo. En primer lugar, por volumetría, puesto que, según datos oficiales, a 31 de diciembre de 2017 tenía inscritos 3,3 millones de sociedades de las cuales, solo depositaron cuentas 944.000. En los últimos cuatro años han pasado por las notarías españolas 2,2 millones de sociedades, tenemos el 86 por ciento de los titulares reales con carácter acreditado. Carecen de información sobre titularidad real tanto de las fundaciones como de los partidos políticos.
Tampoco por es idóneo por la calidad de la información, puesto que la presentación de los datos se realiza sin funcionario público y sin capacidad alguna de realizar la más mínima comprobación sobre si lo que se dice es cierto o falso. Es el mismo sistema que puso en marcha el Reino Unido y que obtuvo una valoración negativa. Por el contrario, la base de titulares reales del Notariado se basa en el concepto de acreditación. Somos capaces se precisar, gracias al trabajo de los notarios quien es dueño de cada paquete de acciones de las sociedades de responsabilidad limitada y esa capacidad no la tiene el Registro Mercantil. Pero es que, además, el Registro no cumple los principios básicos de la Cuarta y la Quinta Directiva, que es que la titularidad real esté actualizada, puesto que se registran cuentas, por ejemplo, el 11 de julio y al día siguiente si se venden las participaciones ya ha cambiado el titular real. De esta forma, tendremos en el Registro Mercantil durante un año una titularidad real incorrecta.
¿Está el sistema en manos de una empresa?
Es un argumento que me sorprende, porque el Consejo del Notariado es una entidad de Derecho público, pero para dar servicio requiere una agilidad que solo re lo puede dar una sociedad, que se llama Ancert y que es su brazo armado a la hora de filtrar los datos, pero el titular de las bases de datos es el Notariado, que es el propietario de la totalidad de Ancert.
¿Esto es un negocio para el Notariado?
Hasta ahora, lo que se ha podido recuperar es un 19,4 por ciento de la inversión en software y hardware. Eso, sin contar con la contratación de 1,3 trabajadores por notaría para atender este servicio, que salen del bolsillo de cada notario. Además, el notario no cobra a la información recibida, mientras que los Registros, cuando una sociedad cambia su administrador, le cobran tres euros por consultar su propia información, sin ser sujeto obligado. El Notariado si recibe una mínima compensación de las entidades bancarias que cumplen sus obligaciones a través de la solicitud de información de nuestras bases de datos.
