Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), afirmó que el proyecto actual de Reglamento de la Ley de Auditoría "no redundará en una mayor calidad de los trabajos y no aumentará la transparencia de las empresas".
Puig de Travy agradeció la colaboración del Instituto de Contabilidad y Auditoría (Icac) y su voluntad de diálogo en la redacción de un texto con alto consenso. Para Puig de Travy, "son muchas las mejoras que se han introducido al anteproyecto inicial de Reglamento de auditoría, pero cabe decir que sobre el texto último quedan todavía temas muy relevantes objeto de mejora".
El foco en la contabilidad
Mientras tanto, Valentín Pich, presidente del Consejo general de Economistas, explicó que los legisladores han puesto el foco en la regulación minuciosa de la actividad profesional del auditor, si bien cree que "se han olvidado de que el principio sobre el que se asienta el informe de auditoría es la contabilidad, y en España, a diferencia de otros países del entorno, la actividad profesional del contable no se encuentra regulada".
Pich ha comentado que "es el momento de dar el paso hacia la regulación de la actividad profesional del contable en España, lo que redundaría en numerosos beneficios sobre la fiabilidad de la información financiera que emiten las empresas, transmitiendo a los mercados y a los inversores una señal inequívoca y clave de transparencia y seguridad". Así, según Pich, "si queremos asegurar el producto final, debemos actuar en el origen".
El Reglamento se encuentra en la actualidad en fase de estudio de las alegaciones, pendiente aún de las consultas a diversos Ministerios y al Consejo de Estado, pero los miembtos del REA esperan que pueda entrar en vigor el ptróximo 1 de julio de 2019, tal y como consta en el anteproyecto sobre el que han venido trabajado.
Puig de Travy ha explicado que "no nos gusta el Reglamento, como no nos gusta la Ley" y ha destacado que en treinta años se han triplicado los articulados.
En el transcurso de la celebración de la novena edición del AuditMeeting, Puig de Travy se ha referido a las dificultades para lograr la igual concurrencia de todos los profesionales en el mercado por el complejo entramado que existe en el régimen de incompatibilidades del auditor, de difícil cumplimiento, y que los requisitos para ser auditor de entidades de interés público son excesivos y difíciles de cumplir para las pymes de auditoría, lo que les impide el acceso a ese segmento superior y resta oferta al mercado.
Asimismo, se han referido a las obligaciones formales adicionales, ya que conllevan costes elevados para los auditores individuales y sociedades de pequeña dimensión, lo que dificulta su supervivencia.
Según el panorama de la Auditoría en España, de forma mayoritaria los encuestados consideran que la nueva regulación de auditoría no contribuye a mejorar la calidad de los trabajos de auditoría ni a mejorar la percepción que la sociedad tiene de su actividad profesional.
