Sevilla, 13 dic (EFE).- La defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha denunciado el "fraude procesal" que en el caso ERE comete la Fiscalía al plantear un "laberinto de procedimientos" o "tela de araña" para "asegurar un resultado de acuerdo con su acusación", en la que pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
El letrado José Manuel Herrera ha continuado hoy la exposición de su informe final, en el que pide la absolución de Viera, acusado de prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Viera fue consejero de Empleo del 2000 al 2004 y como tal firmó, con su entonces viceconsejero Antonio Fernández (también acusado) y presidente del IFA el convenio marco de julio de 2001 que implantó el llamado "procedimiento específico" para que las ayudas que daba la Dirección General de Trabajo las pagara el ente público IFA con fondos que le enviaba mediante transferencias de financiación y con ello, según las acusaciones, eludir la fiscalización previa.
La Fiscalía le atribuye también la aprobación, como miembro del Consejo de Gobierno, de varias modificaciones presupuestarias para aumentar los fondos para estas ayudas y los Proyectos de Presupuestos de los años que estuvo en el cargo, en el que según ha destacado su defensa, cesó en abril de 2004, más de 10 años antes de su imputación formal en noviembre de 2014.
Por ello, su defensa ha apelado a la prescripción del presunto delito de prevaricación.
Y ha reiterado la petición que realizó en las cuestiones previas, que fue rechazada, de excluir el delito de malversación en este juicio ante la "contradicción" del tribunal que considera que no se investigan las ayudas dadas con el "procedimiento específico" mientras la Sección Séptima de la Audiencia -que ve los recursos de las piezas separadas- considera que sí y por ello está excluyendo a Viera y otros procesados de dichas piezas.
Para el letrado, este "laberinto de procedimientos" es una "tela de araña que se ha tejido a través del ejercicio de múltiples acciones penales cuyos objetos no estaban definidos", lo que provoca "indefensión" y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías.
Su argumento no ha gustado a otras defensas, pues que en este juicio la Fiscalía acuse a los procesados de malversación es lo que les ha permitido esgrimir el principio "non bis in idem" (por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos) y les ha servido para sacar a sus clientes del resto de piezas, garantizándose así que no serán sometidos a más juicios por los ERE.
La defensa de Viera, que comenzó ayer a exponer su informe y no terminará hasta el lunes, ha insistido en la inconcreción de las acusaciones sobre las cuantías malversadas por cada uno de los acusados, cuándo y para quién, y la "indefinición y falta de prueba practicada" al no estar procesados los beneficiarios de las ayudas.
Por contra, considera que la prueba practicada en el juicio "ha puesto de manifiesto que la mayor parte de las ayudas han ido a fines y aplicaciones legales", siendo "un porcentaje residual" las que no, por lo que "no podemos admitir esa malversación genérica por el montante total de lo presupuestado" para estas ayudas cada año.
La defensa de Viera ha negado que se haya acreditado que el exconsejero cometiera "conducta ilícita ni siquiera administrativa" y ha alegado que el principio de confianza bajo el que actúan los cargos públicos en una administración como la Junta con una "arquitectura" de técnicos y funcionarios debe interpretarse como "presunción de inocencia".
"Ni los presidentes ni los consejeros pueden conocer los contenidos de todos los expedientes y actúan con la confianza de que los documentos que le ponen a la firma pertenecen a un expediente tramitado con arreglo al reglamento que lo contempla y tiene toda las firmas previos de los letrados de los servicios jurídicos y de los interventores, y además vienen avalados por los distintos jefes de servicio", ha alegado.
En la Consejería de Empleo que dirigía Viera, ha relatado que tenía un viceconsejero (acusado), y dos secretarios generales con el mismo rango (las tres personas que ocuparon la Secretaría General de Empleo del 2001 al 2010 están procesadas), 18 centros directivos (hay dos directores generales encausados) y delegados provinciales y más de 2.400 funcionarios o empleados públicos.
Su defensa ha subrayado que nunca recibió alerta alguna de ilegalidad y no pudo hacer más. El consejero cumplió con sus obligaciones, hizo lo que tenía que hacer, no tenía ninguna responsabilidad técnica". EFE
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