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El Gobierno endurecerá el control de las criptomonedas

Foto: Archivo
Madrid

El Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y reportar las operaciones anómalas, a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos.

Su estrecho control sobre las criptomonedas llegará con la trasposición de la V Directiva antiblanqueo, cuya fase de consulta ha abierto estos días el Ministerio de Economía y Empresa con intención de agilizar la tramitación dentro del plazo fijado que expira el 10 de enero de 2020.

De esta forma, entre los objetivos que persigue la futura norma y las novedades destacables se persigue revisar el contenido de datos declarables al fichero de titularidades financieras a las cajas de seguridad, tal y como establece la V Directiva, la determinación de la estructura y funcionamiento de la base o registro de titulares reales, tanto en lo relativo a trust o figuras análogas administradas en España, como en lo que se refiere a personas jurídicas, tratando de acabar con la opacidad de muchas empresas interpuestas para ocultar fondos o eludir sus cuentas a Hacienda.

Asimismo, uno de los objetivos incluidos es la revisión y actualización de las normas en materia de protección de datos, de cara a armonizar el contenido de la norma con las nuevas disposiciones derivadas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Se revisarán también los sistemas de identificación no presenciales y de firma electrónica, de acuerdo con la nueva regulación contenida en el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

La norma comunitaria da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la Unión Europea. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los papeles de Panamá.

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