Madrid
No llegaba al medio día de ayer cuando el Ministerio de Justicia emitió un comunicado, tras anunciarlo al Consejo General de la Abogacía, en el que manifestaba que había dado orden de iniciar el procedimiento para el pago de los expedientes en curso de los servicios de prestación de asistencia jurídica gratuita de los meses de julio, agosto y septiembre.
Unas horas después, la Abogacía lo desmentía. "Es el Ministerio y no el Consejo quien ha incumplido reiteradamente sus obligaciones tanto en lo que se refiere al pago mensual, acordado con el anterior Gobierno, como en hacer frente a los pagos acordados a los abogados de oficio también por el anterior equipo ministerial con el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) por la asistencia a los implicados que tienen concedido el derecho a la asistencia de oficio en relación con el caso Gürtel", expresó.
De esta forma, la Abogacía manifestaba su "absoluta y rotunda disconformidad" con el comunicado del Ministerio de Justicia sobre el retraso en el pago a más de 20.000 abogados del Turno de Oficio. Mientras, el Ministerio a cargo de Dolores Delgado explicaba que tras haber hecho comprobaciones se había apreciado un reintegro por parte de la Abogacía del importe de 591.297 euros que se había abonado de más por parte del equipo ministerial anterior que presidía Rafael Catalá.
De esta forma, de acuerdo con las certificaciones en su día expedidas por el CGAE, Justicia ha logrado "desbloquear las subvenciones pendientes a los abogados de oficio, que ascienden a un total de 7.835.117 euros". Y anunciaba que el pago, que se ha ordenado de modo inmediato, se hará efectivo en el plazo de 15 días.
Origen del conflicto
Todo comenzó con la prolongación del caso Gürtel y la necesidad de ampliar también el acuerdo firmado entre el Colegio de Abogados de Madrid, la Abogacía y el Ministerio para hacer frente al pago de los abogados designados de oficio para esta causa.
La renovación de ese convenio, explicó el Consejo, se estaba negociando con el anterior equipo ministerial que, "de manera consciente y voluntaria", autorizó los pagos y libró las cantidades correspondientes por los servicios realizados. Tras su llegada, "el nuevo equipo ministerial rechazó la renovación del convenio y reclamó las cantidades que el Consejo, en su función de coordinador de las gestiones de pagos en territorio común, había enviado al ICAM", explica el comunicado.
Además, la Abogacía acaba arremetiendo contra Justicia, acusándole de "mezclar de manera interesada los pagos del sistema general de asistencia jurídica gratuita en el territorio común, cuyo compromiso de pago mensual ha in-cumplido, con los pagos amparados en el convenio para sufragar los gastos generados en el proceso de Gürtel".
Así, recriminan que la nota ministerial muestra un "desconocimiento profundo" del sistema de pago, dado que se refiere a "certificaciones en su día expedidas por el Consejo General de la Abogacía Española", cuando la realidad es que esta Corporación no emite tales certificaciones.
Acciones legales pertinentes
Tras la "plena disconformidad" con la decisión del Ministerio y "su radical negativa a encontrar una solución que no afectara al pago de los abogados de oficio", el Consejo General de la Abogacía reconoció en el comunicado que se ha visto obligado a consignar la cantidad indicada por el Ministerio para desbloquear la situación forzada por éste, y que "ejercerá todas las acciones legales que sean pertinentes en defensa de sus derechos y los de la profesión a la que representa".
