El Consejo Económico y Social Europeo (CESE) ha ratificado su dictamen de 31 de mayo de 2017, en el que estimaba que no se debe permitir que el uso del mecanismo de inversión del sujeto pasivo, que es una excepción de los principios establecidos sobre el IVA, perjudique al mercado interior.
En un nuevo dictamen, de 11 de julio de 2018, considera, además, que este sistema ha de ser temporal y debidamente evaluado por la Comisión en relación con sus posibles efectos negativos para el mercado interior.
No obstante, considera que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para la recaudación puede ser un instrumento útil para hacer frente al fraude en cascada y al fraude en materia de IVA.
El análisis se realiza sobre una propuesta de reforma de la Directiva del IVA, que busca prorrogar la posibilidad de que los Estados miembros apliquen el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude que se registra actualmente en las entregas de bienes y las prestaciones servicios comprendidas en la propia Directiva y la posibilidad de utilizar el mecanismo de reacción rápida para combatirlo.
Considera que el fraude en materia de IVA es una epidemia europea que se ha de combatir y aduce que la forma más preocupante de fraude en materia de IVA es el llamado fraude en cascada, que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo pretende prevenir.
Con la culminación pendiente de la reforma del sistema europeo del IVA y a instancias de algunos Gobiernos nacionales, la Comisión Europea ha reconocido la necesidad urgente de permitir a algunos Estados miembros introducir mecanismos generalizados de inversión del sujeto pasivo con carácter temporal.
Sin embargo, el CESE llama la atención sobre los estudios que ponen de manifiesto que los mecanismos de inversión del sujeto pasivo y pago fraccionado, allí donde se han implantado hasta la fecha, a menudo han dado lugar a problemas de flujo de efectivo para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
En otras palabras, señala que los intentos de luchar contra el fraude fiscal de un pequeño número de empresas deshonestas han provocado grandes problemas de funcionamiento para operadores económicos respetuosos del sistema fiscal que generan empleos y riqueza en el mercado interior.
La propuesta de Bruselas se presentó a raíz de una petición de los Estados miembros que sufren importantes pérdidas de ingresos por el fraude en el ámbito del IVA y en cascada. Según la Comisión, el déficit recaudatorio del IVA -diferencia entre los ingresos previstos y el IVA realmente recaudado por las autoridades fiscales- alcanza casi los 160.000 millones de euros, de los cuales cerca de 50.000 millones pueden atribuirse al fraude transfronterizo.
