Tegucigalpa, 19 oct (EFE).- La familia de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, presentó hoy un nuevo recurso de amparo que amenaza el inicio del juicio contra ocho acusados por ese crimen, previsto para este viernes, informó a Efe una fuente oficial.
El recurso fue presentado este viernes en la Sala Constitucional por abogados de la familia de la líder indígena contra el tribunal de sentencia, afirmó la portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Lucía Villars.
"La acusación privada nuevamente interpuso otro recurso de amparo ante la Sala Constitucional porque considera que el tribunal (de sentencia) no tiene competencia para conocer la causa", explicó Villars.
Es la tercera vez que la familia de Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, insiste en la recusación.
Villars señaló que el tribunal de sentencia "está deliberando si se desarrolla o no el inicio del juicio" a ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres.
"Hasta que no sea admitido el recurso en la Sala (Constitucional) podría iniciar el juicio", subrayó la portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa.
Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético (DESA,) a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.
Todos son acusados por el Ministerio Público por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad.
La ambientalista hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Por este asesinato, que conmocionó al mundo, también está detenido desde marzo el presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien es señalado como presunto autor intelectual del crimen en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.