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El espejismo socialista y podemita del 15%

Foto: Archivo
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El PSOE y Podemos se han pasado el verano hablando de subir -cuando no de crear- todo tipo de impuestos. Sin embargo, los detalles y las cifras han brillado por su ausencia. Tenemos, en cambio, un número mágico al que fía la recaudación fiscal Pedro Sánchez: el 15 por ciento.

Es el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que Pedro Sánchez quiere imponer a lo que él denomina grandes empresas y corporaciones. Este concepto de grande no está claro, porque la propia ministra de Hacienda llegó a declarar que las grandes empresas son las que facturan más de 6 millones de euros. Ese volumen de operaciones no es, al menos para mí, el de una multinacional.

Además, el régimen de pequeñas y medianas empresas se aplica, en el propio Impuesto de Sociedades, a aquellas empresas que facturen hasta 10 millones de euros. En Europa, en general, el límite está en 50 millones de euros. Pero esta indefinición no sólo afecta a quién pagará las subidas de impuestos, más allá de los manidos términos de "los ricos y las grandes corporaciones", sino, más importante aún, sobre qué se paga.El Impuesto de Sociedades se paga, como todos los impuestos, sobre la base imponible del tributo, que es la medición fiscal de la capacidad contributiva. Sobre ese concepto, los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria (2016), indican que los grupos consolidados -las grandes corporaciones de verdad- estaban pagando un 19,01 por ciento, un tipo no muy lejano al nominal del 25 por ciento.

Ahora bien: cuando ese tipo se calcula sobre el resultado contable, el ratio baja al 6,14 por ciento. Como el impuesto que pagaron las grandes corporaciones fue el mismo, 6.862 millones de euros, la diferencia entre ratios, 19,01 por ciento frente a 6,14 por ciento, está en el denominador. Los grupos consolidados españoles ganaron 111.788 millones de euros, pero su base imponible, por lo que tributaron, fue de 36.088 millones de euros. Si el gobierno socialista de Sánchez quiere obtener recaudación, imponer un tipo mínimo del 15 por ciento sobre la base imponible no servirá para nada. Esto no sólo es una cuestión intuitiva de sentido común, si la media está ya en el 19 por ciento, un mínimo del 15 por ciento no aporta gran cosa.

Hay otra razón más técnica: las grandes empresas pagan un 19 por ciento de media, no porque no tengan más deducciones y bases imponibles negativas, los grandes conceptos que reducen la factura fiscal, sino porque legalmente su deducción cada ejercicio ya está enormemente limitada. Por ejemplo, según el artículo 39 de la ley, en general las deducciones no pueden absorber más que un 25 por ciento de la cuota íntegra. Así, a través de deducciones sólo se consigue reducir un tipo nominal del 25 por ciento a un 18,75 por ciento efectivo.

En estas condiciones, imponer un tipo mínimo del 15 por ciento sobre la base imponible no sirve para nada, al menos no sirve para recaudar casi nada. Sin embargo, tanto el PSOE como Podemos han cifrado sus esperanzas de recaudar miles de millones de euros en la mágica cifra del 15 por ciento, aplicado sobre el resultado contable. El principal problema es que una razón fundamental que hace que un resultado contable de 111.000 millones se transforme en una base imponible de 36.000 millones son los dividendos y plusvalías obtenidos en el exterior por las grandes empresas.

El importe de los dividendos y plusvalías exentos por doble imposición ascendió en 2016 a 86.414 millones de euros, que es prácticamente toda la diferencia entre base imponible y resultado contable. Si estos 86.000 millones de euros pagasen un 25 por ciento, recaudaríamos más de 20.000 millones de euros, y se acabarían los "problemas recaudatorios" del gobierno Sánchez. Ahora bien, estos dividendos y plusvalías están exentos por "doble imposición", simplemente porque ya han pagado impuestos en otro país.

Por esa razón, no deben volver a pagar el impuesto. Esto no sólo es una buena práctica fiscal, sino una obligación internacional que España ha asumido a través de un centenar de tratados internacionales conocidos como convenios para evitar la doble imposición. De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas de acuerdo con lo establecido en los propios Tratados.

Por esa razón, si el Gobierno de Sánchez y Podemos no denuncia un centenar de convenios de doble imposición, se va a enfrentar a muchos y muy complicados pleitos, tratando de que tributen, otra vez, los beneficios obtenidos en el exterior por las grandes empresas españolas.

Hay otro problema todavía más simple: que las grandes empresas no repatríen sus beneficios del exterior. En este caso, la Hacienda española sigue sin cobrar y, eso sí, en principio disminuiría drásticamente una fuente de liquidez de la Bolsa y la economía española. Hay otra opción, incluso más drástica: el cambio de domicilio de las grandes empresas hacia países que tengan establecida la exención de los dividendos por doble imposición. Y hay muchos. Alguna gran empresa lo ha dejado caer en la presentación de sus resultados.

Por todas estas razones, imponer un impuesto mínimo del 15 por ciento sobre el resultado contable es una pésima idea, que crea una brutal inseguridad jurídica, además de efectos muy negativos sobre la economía, sin que se pueda obtener una recaudación mínimamente significativa. Lo peor de todo es que, a efectos recaudatorios y propagandísticos, era la estrella de las ocurrencias fiscales socialistas y podemitas. El 15 por ciento socialista no es una cifra mágica, sino un espejismo: o bien es formular unos límites que ya existen en la ley del impuesto, que ninguno de los que formulan ocurrencias parece haber leído, o bien es un disparate peligroso: intentar que unos beneficios vuelvan a pagar, incumpliendo los convenios internacionales, para conseguir que no vuelvan y de paso se deslocalice en empresas.

Para Ciudadanos, España necesita control del gasto, certidumbre fiscal, y seguridad jurídica, no más ocurrencias fiscales de inspiración podemita. Y lo mínimo es que los españoles puedan decidir en las urnas si esto es lo que quieren. Creo que hay muchos que no se han dejado ni se dejarán engañar por los espejismos de Pedro Sánchez.

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