Tegucigalpa, 31 ago (EFE).- La Justicia de Honduras declaró hoy culpable al exgerente de la telefónica estatal Marcelo Chimirri por abuso de autoridad y fraude en el millonario soborno que la empresa estadounidense Latin Node pagó a exfuncionarios hondureños.
A la vez, Chimirri fue absuelto de los cargos en su contra por cohecho y violación de los deberes de los funcionarios, según la resolución del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.
Chimirri, quien ocupó el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, era acusado de fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense Latin Node pagó a funcionarios de la telefónica estatal.
Latin Node supuestamente pagó más de un millón de dólares a tres funcionarios de Hondutel a cambio de un acuerdo de interconexión y una reducción en la tarifa telefónica por minuto.
Según detalles del juicio contra Latin Node, que admitió haber sobornado a funcionarios en Honduras y Yemen, los pagos en Hondutel se iniciaron a finales de 2005, con unos 300.000 dólares, cuando era presidente Ricardo Maduro (2002-2006).
Los demás pagos se efectuaron entre 2006 y 2007, durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado del poder en junio de 2009.
Chimirri puede enfrentar hasta nueve años de cárcel, según la resolución condenatoria emitida este viernes por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Los jueces hondureños enviaron al acusado a la Penitenciaria Nacional, la principal cárcel del país, y fijaron para el próximo 18 de septiembre la audiencia de individualización de pena y sentencia, señaló el Poder Judicial.
Chimirri fue condenado recientemente a nueve años de prisión y a pagar una multa de 16,6 millones de lempiras (401.554 dólares) como "autor directo del delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública", según el Ministerio Público.
Además, el tribunal le dictó las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil mientras dure la condena, y lo condenó a "trabajar" en obras públicas o en centros penitenciarios por el tiempo en la cárcel.
Chimirri, familiar de la esposa de Zelaya (2006-2009), Xiomara Castro, estuvo implicado en un espionaje telefónico que el propio exgobernante denunció en 2007 y otras irregularidades administrativas.