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"Se han presentado 12 candidaturas al Premio 'Manuel Olivencia', que premia la innovación en buen gobierno"

Juan Aguayo, socio de Cuatrecasas y director del Premio 'Manuel Olivencia'. eE
Madrid

Un total de 12 candidaturas se han presentado para aspirar al premio que la Fundación Cuatrecasas ha puesto en marcha. Se trata el Premio Manuel Olivencia al Buen Gobierno Corporativo, un galardón que reconocerá anualmente las conductas empresariales que fomenten y mejoren el gobierno corporativo en España. El premio toma el nombre del insigne jurista Manuel Olivencia, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, vicepresidente de la firma Cuatrecasas y presidente de la comisión que redactó el primer código español de Buen Gobierno en 1998, conocido como el Código Olivencia, y que falleció el pasado 1 de enero.

Manuel Pizarro, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, preside un jurado compuesto por catorce miembros, que decidirá en otoño la empresa galardonada. Es un jurado de personas independientes, que tienen una formación y una carrera profesional, que pueden hacer una valoración adecuada de las candidaturas al premio, gracias a su conocimiento de las reglas de buen gobierno, como Eva Castillo, Jaime Caruana, Cristina Garmendia, Juan Arena, Luis Isasi, Macarena Olivencia, Matías Inciarte, Consuelo Madrigal, Rafael Fontana, Francisco Ballester, Rafael Hidalgo y Juan Aguayo. Sobre este premio hablamos con este último, Juan Aguayo, socio de Cuatrecasas y director del mismo.

¿Qué nos puede adelantar de las candidaturas?

Hay un total de doce candidaturas, algunas de ellas son empresas que han decidido presentarse y otros resultan de los informes elaborados por terceros a instancias del jurado. Se han solicitado informes a la consultora Georgeson y otros al Bufete Cuatrecasas. A partir de aquí, el jurado tendrá que decidir.

¿Cuál es la finalidad del galardón?

El premio tiene una doble finalidad, de un lado, preservar y expandir el legado de Manuel Olivencia, cuya figura ha sido clave en el desarrollo del Derecho Mercantil y su aplicación a la empresa en España, y, por otro, contribuir a incentivar los avances y los esfuerzos de las empresas españolas en materia de Buen Gobierno corporativo. Se le atribuye, con todo mérito, la autoría del primer código de recomendaciones, el Código Olivencia, en el que participaron otras personas, expertos de gran valía, pero que fue presidido por él.

¿Por qué se premia el buen gobierno?

Pensamos que el buen gobierno es un tema de actualidad, se trata de un movimiento de reforma constante. Desde que se elaboró el Código Olivencia en 1997, en España en este ámbito no han dejado de pasar cosas. La sociedad y, en particular, las empresas cotizadas no han dejado de evolucionar hacia una mayor sensibilidad en los temas de buen gobierno y en transparencia y creo que los resultados están ahí. El buen Gobierno en España es una realidad que es positiva y tiene muchas posibilidades de mejora, por lo que hay que luchar por esa mejora.

¿Es destacable que cada vez más recomendaciones se conviertan en normas?

Es verdad que hoy hay unas reglas que son de Derecho y de cumplimiento obligatorio que empezaron siendo recomendaciones, a parte de la evolución natural de las cosas. Creo que hay mucho margen para que las compañías puedan hacer cosas distintas o que puedan ir más allá de las que están reglamentadas y sigue habiendo recomendaciones que van más allá del compromiso en la toma de decisiones. Siempre hay compañías que, porque tienen más medios, tienen una mayor capacidad para innovar y, a su vez, estas compañías sirven de ejemplo para otras, que aunque puedan estar un paso más allá la ambición sana de hacer las cosas bien e ir más allá.

¿Las empresas cotizadas sirven de modelo?

Las empresas cotizadas también tienen la problemática del gobierno corporativo que es diferente, porque suelen tener una estructura de capital más sencilla, las cuestiones de buen gobierno se suscitan con una mayor relevancia. Nosotros vemos en la comunidad empresarial española hay empresas no cotizadas que adoptan normas de las que consideramos de buen gobierno corporativo, bien porque están preparándose para un proceso de salida a Bolsa o, simplemente, porque pueden ganar en solidez y en credibilidad frente al mercado, frente a inversores, acreedores y, en general, ante la sociedad.

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