El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley de nuevas medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -en vigor desde el pasado mes de diciembre-, que devuelve a los Ayuntamientos las competencias en esta materia y fortalece la tutela judicial, el acceso a la Justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género.
Entre los cambios, el Gobierno concretó ayer que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíen más allá de la sentencia o resolución judicial. De esta forma, retoca el Pacto y da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia machista.
Con la nueva función de los ayuntamientos, modifica la Ley de Bases del Régimen Local dotando a los consistorios de 20 millones de euros en este año, y de la potestad de promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Todo ello entrará a formar parte del catálogo de competencias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La protección de los menores constituye uno de los ejes clave del Pacto de Estado. El Real Decreto-Ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
La reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Una de las novedades es que la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-Ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.
En relación al artículo 18.3 del Convenio del Consejo de Europa que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, la nueva norma modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación, por lo que el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.
El Gobierno y las CCAA, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que pongan en marcha dicha acreditación.
Una dotación de 40 millones para 2019
En una reunión de esta semana entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno, en 2018, la dotación aprobada es de 20 millones de euros, cifra que el Gobierno se ha comprometido a duplicar en 2019. Además, los criterios de reparto atenderán a dos variables: un 30 por ciento se destinará a los 375 municipios que cuentan con convenio Viogen, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, y el 70 por ciento restante se repartirá bajo criterios poblacionales y por tamaño del municipio.
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