Sevilla, 3 ago (EFE).- La Junta de Andalucía ha publicado en la página web de Consumo Responde los protocolos de actuación que las distintas entidades prestamistas que trabajaban con iDental están aplicando con los afectados por el cierre de las clínicas que tuvieran un tratamiento financiado con ellas.
Se trata de BBVA, Banco Cetelem, EvoFinance, Pepper Finance Corporation y Sabadell Consumer, según un comunicado.
Todas estas entidades se han comprometido a no incluir en los ficheros de morosidad o registros de solvencia patrimonial a las personas afectadas en caso de impago de algún recibo.
La difusión de estos protocolos se produce como resultado de la labor de mediación que está desarrollando la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud con las entidades prestamistas con el objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado.
Al mismo tiempo, Consumo está manteniendo nuevas conversaciones con las diferentes entidades para aclarar algunas incidencias reportadas por las personas afectadas, y darles una solución satisfactoria.
Una vez recibida la reclamación, las distintas entidades analizarán la documentación aportada, y cuando corresponda, procederán a la anulación del crédito a las personas que lo soliciten y a la devolución de las cantidades que se pudieran haber abonado de más en cada caso, como establece la normativa vigente.
Como opción alternativa, las entidades Banco Cetelem, EvoFinance y Sabadell Consumer Finance están ofreciendo la posibilidad de continuar el tratamiento contratado hasta la finalización del crédito en otras clínicas dentales con las que han llegado a acuerdos, como Dentix y Vitaldent, según las condiciones establecidas en sus protocolos de actuación.
La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 4.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de IDental en Andalucía, de las que la mayor parte, más de 2.900, se han producido en lo que va de año.
Asimismo, ha iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios.
En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.
Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se siguen remitiendo a Fiscalía los casos que se van analizando para que se determine si se ha podido producir un delito de estafa.