Madrid
La abogada general de la Unión Europea, Sharpston, rechaza exigir a los candidatos de una oferta de empleo público de la Unión Europea (UE) usar el inglés, el francés o el alemán para ponerse y mantenerse en contacto con la Oficina Europea de Selección de Personal. La magistrada pide que se anule la convocatoria publicada por el Parlamento para cubrir plazas de conductores, así como la base de datos elaborada de conformidad con ésta.
La abogada general recuerda que una limitación relativa a los requisitos lingüísticos puede estar justificada en algunos casos, pero que para que esa discriminación esté justificada debe basarse en una razón objetiva y ser proporcionada. "Las pruebas no demuestran que la limitación a los tres idiomas en cuestión esté objetivamente justificada en la práctica", explica.
La magistrada Sharpston entiende que el Parlamento Europeo infringió las normas del Derecho de la UE al exigir a los candidatos usar estos tres idiomas. "Aunque no había reglas expresas que rigieran el idioma de contacto entre los candidatos, por una parte, y el Parlamento y la EPSO, por otra, el efecto combinado de una serie de aspectos del proceso de presentación de candidaturas podría llevar a los candidatos a creer que debían rellenar el formulario de candidatura en inglés, francés o alemán, en vez de poder usar cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea".
La abogada general añade que un candidato cuya lengua materna no es el inglés, el francés o el alemán estaría en desventaja con respecto a candidatos que fueran capaces de expresarse sin dificultad en esos idiomas. En su opinión, este extremo es aún más relevante en las circunstancias del presente asunto, donde el procedimiento de selección se organizaba únicamente sobre la base de las respuestas detalladas que los candidatos dieron a las preguntas que figuraban en el formulario de candidatura. Por consiguiente, considera que hubo discriminación basada en la lengua y, a raíz de ello, una infracción de las normas contenidas en el Estatuto de los Funcionarios de la UE.
Por último, la abogada general confirma que el requisito de conocer al menos dos lenguas oficiales es aplicable a los empleados de la UE que no son contratados como funcionarios. No obstante, en relación con la convocatoria del Parlamento para cubrir plazas de conductores, estima que exigir un nivel de conocimiento B2 -es capaz de comprender las principales ideas de textos complejos que traten tanto de temas concretos como abstractos- del segundo idioma no era objetivamente necesario, atendiendo a las funciones que los conductores deben desempeñar. En su opinión, un nivel A2 habría constituido un nivel apropiado y necesario de conocimientos lingüísticos de ese segundo idioma.
