El juez Pedraz manda al banquillo a la cúpula de Ausbanc y Manos Limpias

El Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra los dirigentes de Ausbanc -la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios- y el Sindicato Manos Limpias por unos supuestos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado e instructor de la causa, ha decretado el envío del procedimiento a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para juzgar a los 10 imputados por la supuesta trama de coacciones contra diferentes entidades bancarias y personas, como podría haber sucedido con el Caso Nóos, donde Manos Limpias se presentó como acusación popular.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, enfrenta la petición de penas más elevada. En concreto, el Ministerio Fiscal pide para él un total de 118 años de prisión. Por ello, en el auto de apertura de juicio oral, Pedraz mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza, del acusado. El magistrado acuerda esta medida "teniendo en cuenta la gravedad de las penas solicitadas, y principalmente del momento procesal en que nos encontramos, y de la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones de juicio oral".

Por otro lado, Pedraz decreta la libertad provisional para los otros nueve acusados. Sin embargo, la Audiencia Nacional les ha impuesto -además de las medidas aseguratorias que garantizan su comparecencia ante la Justicia- que comuniquen un domicilio para recibir las citaciones y notificaciones; y la obligación de comparecer ante todos los llamamientos judiciales que se produzcan.

Es el caso de Miguel Bernad, cabeza visible de Manos Limpias. La Fiscalía pide para él un total de 24 años de prisión por ser integrante de una organización criminal y por delitos de extorsiones. Estas supuestas coacciones incluyen, según el sumario, la "estrategia" de Bernad para "intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta" en el Caso Nóos por parte de Manos Limpias, "a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros".

Virginia López Negrete, exabogada de Manos Limpias, fue quien representó al sindicato en el Caso Nóos. El Ministerio Fiscal pide para ella 11 años de prisión por la misma tipificación de delitos que le atribuye a Bernad.

Además de estos tres, también están acusados Alfonso Solé, Ángel Garay, María Teresa Cuadrado, María Manuela Mateos, María Isabel Medrano, Rosa Isabel Aparicio y Luis María Suárez.

Investigación del patrimonio

Santiago Pedraz ha acordado, además, la investigación judicial del patrimonio de los acusados y los responsables civiles. La Audiencia Nacional consultará las bases de datos que ofrece el Punto Neutro Judicial y el Registro Mercantil Central y librará, si es necesario, los oficios y mandamientos pertinentes a los organismos y registros públicos para que faciliten la relación de bienes, recabándose la información precisa. Pedraz impone esta medida "para lograr la efectividad de las obligaciones civiles y pecuniarias que puedan derivarse" del procedimiento.

En este sentido, el juez ha dado un plazo de 15 días a los acusados para que presenten una relación de bienes y derechos de los que sean titulares "con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles". También les pide identificar a los que tengan derechos sobre sus bienes.

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