Ecoley

Lara aconseja que los LAJ no faciliten sentencias a los gabinetes de comunicación de los tribunales

  • Los letrados de Justicia lo hacen para garantizar la protección de datos
  • Piden que se subsanen las deficiencias que generan estos problemas
Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). Elisa Senra
Madrid

"Hasta que no se tomen las medidas necesarias que garanticen seguridad jurídica a los letrados de Justicia, es mejor que no facilitemos sentencias a los gabinetes de comunicación de los tribunales". Así lo sostiene Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ). "Basta ya de tener que asumir la culpabilidad por los incumplimientos de otros", apostilla.

"Basta ya de tener que asumir la culpabilidad por los incumplimientos de otros", apostilla Rafael lara

Así responde el Colegio ante la responsabilidad exigida a la letrada de la Administración de Justicia por la filtración de los datos de la vícitima del caso de una supuesta violación grupal en las fiestas de San Fermín, conocido como Caso de la Manada. "Parece que la responsabilidad recaerá sobre la letrada judicial, aunque todo indica actuó convenientemente", añade.

Lara destaca que los medios informáticos con los que cuentan hoy en día los juzgados y tribunales hacen imposible que el Cuerpo pueda garantizar la protección de datos de los afectados en los litigios. Por ello -y ante la responsabilidad en esta materia que les exige un informe suscrito por la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Victoria Cinto- ha decidido que solo se trasladen las resoluciones a los que las leyes procesales les indican y les obligan.

Sin embargo, Justicia no ha establecido todavía quien es la autoridad en esta materia en los juzgados y tribunales. Según Rafael Lara, el Protocolo de Comunicación de la Justicia del 2015 -vigente-, dictado por el Consejo General del Poder Judicial, establece en su página 18 que en estos casos las oficinas de comunicación -gabinetes de prensa del CGPJ dependientes de los Presidentes de TSJ- alteren los textos para eliminar datos personales y "aquellos otros que puedan identificarlos" -por ejemplo, los famosos CSV-. El protocolo también obliga a que incluyan en la comunicación una advertencia de protección de datos para quien reciba el documento. "El traslado de la resolución pedida por el gabinete de prensa ha seguido lo indicado en ese protocolo y la práctica habitual", apunta Rafael Lara.

"A los letrados judiciales no se nos tiene en cuenta para nada, salvo para hacernos responsables de los incumplimientos de otros". Además, Lara insiste en que los sistemas informáticos que se utilizan en la Administración de Justicia no han pasado la auditoría de seguridad que establece la legislación de protección de datos. "No contentos con eso, incumplen flagrantemente toda la legislación de protección de datos de carácter personal, de cuyo cumplimiento deben velar los Letrados de la Administración de Justicia, desde el año 2015", señala el letrado judicial.

De este modo, Rafael Lara subraya que "el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas no han protocolizado nada en materia de protección de datos. No han determinado actividades, comportamientos y mecanismos de control en los documentos de seguridad que la Ley exige".

En el caso de la filtración de La Manada, la letrada de la Administración de Justicia advirtió al gabinete de prensa del TSJ que eliminara todas las posibilidades de acceder a datos personales en la sentencia comunicada. "Ya había sido notificada a las partes y publicada por el Tribunal sentenciador, ante la imposibilidad de hacerlo ella en los PDF electrónicamente protegidos", argumenta Lara.

"Ante todo esto, no podemos admitir esta situación en la que nos quieren ubicar. No sólo el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia siguen sin cumplir sus obligaciones legales, sino que la Comunidad Foral de Navarra obliga a utilizar unos medios informáticos precarios y endebles para proteger los datos personales, sin que se hayan hecho las auditorias exigidas legalmente", manifiesta el presidente del CNLAJ.

"Ya no solo se impide a los Letrados de la Administración de Justicia hacer debidamente su trabajo, sino lo que es peor aún, ahora pretenden hacer pasar a los Letrados por incumplidores para expiar sus responsabilidades", señala.

El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia concluye que "la cuestión está en el empeño de utilizar la firma electrónica sin entender lo que ello significa, y en crear un mundo de resoluciones judiciales en PDF, sin saber tampoco su transcendencia y desconociendo advertencias". De este modo, Rafael Lara asegura que "una vez más, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades desconocen la imposibilidad absoluta de que los letrados de la Administración de Justicia puedan modificar esos archivos PDF".

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Google+Google plus
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0
Publicidad
Otras noticias
Contenido patrocinado