Exdirector de Trabajo de la Junta, en el juicio de los ERE: "no tenía por qué sospechar de que hubiera irregularidades"

El que fuera director general de Trabajo de la Junta entre abril de 2010 y junio de 2012, Daniel Rivera, ha declarado este lunes como testigo en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre los años 2001 y 2010 que a su llegada a este órgano "no tenía por qué sospechar de que se hubiera irregularidades".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

Rivera, que sustituyó en el cargo a Juan Márquez, uno de los 22 ex altos cargos acusados de prevaricación y malversación, y que fue excluido finalmente por la Audiencia de esta pieza separada, ha afirmado que él, a su llegada, daba por sentado que las ayudas de los ERE "se habían dado desde el punto de vista de forma adecuada", así como que "nada le hacía sospechar otra cosa diferente". "Acepté el modo de hacer las cosas hasta la fecha, sin cuestionar nada ni el procedimiento", ha ahondado.

El ex director general, investigado en otras piezas separadas de los ERE se ha negado a contestar a algunas preguntas que pudieran perjudicarle en éstas, ha precisado que la gestión de las ayudas correspondía al personal laboral, la mayoría reclutados por una empresa (UMAX), que había en la Dirección General de Trabajo y que coordinaba la ex asesora de Empleo María José Rofa.

Ha admitido que fue consciente "del guantazo de realidad" desde el primer día de trabajo y de la situación delicada que existía en la Dirección General, añadiendo que conoció la realidad de los expedientes de las ayudas con informe de balance que preparó Rofa, en el que "no se avisaba de una situación irregular o delictiva".

En este sentido, ha señalado que ésta le marcaba los criterios para ordenar el pago de las ayudas. "Era la especialista", ha subrayado, matizando que en función de la información periódica que recibía de la situación de los expedientes y de la disponibilidad presupuestaria se cubrían las necesidades "más acuciantes" de algunos colectivos.

A su llegada a la Dirección General de Trabajo en 2010 Rivera firmó la encomienda de gestión que venía a sustituir las transferencias de financiación para el pago de las ayudas usadas desde el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Dicho convenio establecía que la Dirección General de Trabajo allegaría fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA para que éste materializaba el pago de las ayudas. Según las acusaciones, la transferencia de financiación permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.

Rivera ha explicado que en los primeros meses del año 2011, cuando ya saltó en prensa la existencia de intrusos en el ERE de Mercasevilla y se inició la instrucción judicial, se procedió a la creación de comisión de información reservada en Empleo para analizar los expedientes de ayudas sociolaborales.

"Había una situación acuciante y se revisaron las ayudas sociolaborales, y es que había en torno a 5.900 beneficiarios de ayudas afectados por la paralización de los pagos por la presencia de más 180 intrusos e irregulares", ha expresado, asegurando que todas las ayudas fueron objeto de revisión de oficio.

"TRAS DETECTARSE LAS IRREGULARIDADES, LA REALIDAD CAMBIA"

"Tras detectarse las irregularidades, la realidad y el procedimiento cambia", ha admitido Rivera, apuntando que ya el informe elaborado por Garrigues en 2009, a propuesta de Juan Márquez y que propone sustituir las transferencias por encomienda de gestión y los convenios particulares por resoluciones de pago, explica los procesos de mejora.

Sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación, Rivera ha señalado que su percepción era que "no se veía como algo oscuro o extraño". Supo que se usaban las transferencias pero "no vio nada extraño", ha insistido, ya que los funcionarios dedicados a éstas "daban su plácet a que el sistema funcionaria así, aunque ahora nos parezca una dinámica perversa, pero en ese momento era natural".

"Evidentemente" tuvo conocimiento de que las transferencias de financiación hacía que las ayudas no tuviera fiscalización previa, pero se ha preguntado "si era necesario o si tenía que darlo por supuesto que era necesario", sobre todo, "cuando la intervención delegada nunca puso reparos".

"POR QUÉ IBA A QUERER EVITAR EL CONTROL"

No obstante, ha precisado que "la falta fiscalización no es necesaria garantía de desvío de fondos, pero es un control". "Por qué iba a querer yo evitar el control", ha manifestado.

El Ministerio Fiscal le ha preguntado que si con la encomienda de gestión de 2010 las ayudas siguieron sin fiscalización previa. Rivera, entonces, ha aclarado que él sólo la firmó y no tenía por qué dudar del contenido normativo de la misma, que fue publicada incluso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). "No cuestione algo que suponía que tenía que tener informes jurídicos del gabinete de la Consejería de Empleo", ha añadido.

Asimismo ha sido cuestionado sobre por qué se puso en marcha la comisión de seguimiento de la encomienda en noviembre de 2011 y no antes, respondiendo el testigo: "Nos pillo en pleno maremágnum y hasta que no se recondujera la situación de procesos judiciales, los mecanismos de control y la revisión de expedientes, no era la prioridad".

De otro lado, ha abordado el fin de semana de noviembre de 2010 en el que se procedió en la Dirección General de Trabajo a revisar un gran número de expedientes de ayudas tras saltar a la prensa el caso Mercasevilla. "Teníamos que ser discretos" dadas las circunstancias. "Aparecieron bastantes discrepancias y se decidió entonces poner en marcha un proceso formal de revisión con funcionarios de la Consejería", ha recordado.

Rivera apartó de la Dirección General de Trabajo al personal laboral por pérdida de confianza, entre ellos a Rofa, quien "el día siguiente del famoso fin de semana de trabajo borró todos los archivos informáticos de las ayudas del servidor", entonces "se le cerró el despacho y se envió a otro puesto, en Huelva".

"NI SE QUITÓ NI SE PUSO" NADA EN LOS EXPEDIENTES

Tras ese fin de semana y con la documentación que faltaba requerida a la Dirección General de Trabajo y aseguradoras, se revisaron todos los expedientes, sin que "ni se quitara ni se pusiera" nada de los expedientes que luego se remitieron al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, algo que Rofa y Guerrero denunciaron y que para Rivera "son imaginaciones".

Rivera ha señalado "el personal no contaminado" de la Dirección General de Trabajo colaboró desde el primer momento con el Juzgado y la Policía. "Nos excedimos en el celo, pues paramos los pagos a quienes después se le reconocieron el derecho a las ayudas", ha añadido.

Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar en torno a seis millones de euros por menoscabo de fondos públicos en ayudas a empresas, Rivera ha señalado que "no hubo desvío de fondos, sino cuestiones formales, ya que el dinero fue al objeto previsto, el pago de nóminas". "El dinero no está en una cuenta en Suiza", ha respondido a preguntas de la acusación del PP-A, añadiendo que gran parte de las ayudas dadas por Empleo "cumplían el objeto legítimo, otra cosa era el procedimiento".