Ecoley

El Constitucional avala la doble sanción a quien conduce sin permiso

  • El Tribunal permite el castigo penal y administrativo ante estas conductas
Un control de la Guardia Civil. eE
Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) avala sanciones penales y administrativas contra las personas que conduzcan ciclomotores sin tener la licencia. El Constitucional rechaza una cuestión de constitucionalidad y considera que se ajusta al ordenamiento jurídico constitucional la doble sanción penal y administrativa por conducir vehículos de motor o ciclomotores sin haber obtenido nunca permiso o sin estar en posesión de la licencia correspondiente.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo, que elevó la cuestión al TC, apuntaba que en el ordenamiento jurídico coexisten conductas en el ámbito de la circulación vial que son sancionadas por la legislación administrativa y por la legislación penal sin que el legislador haya establecido una nítida separación, sin desplazamiento del orden penal por su previsión administrativa ni al contrario."Se trata de dos conductas diferentes", matiza el Tribunal Constitucional.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido, ponente del auto, razona que "la puesta en relación de las conductas a que se refieren el precepto penal y el administrativo sancionador permite apreciar, de forma natural, que no son idénticas, lo que permite cuestionar por erróneo el punto de partida del razonamiento judicial que pretende fundamentar la duda". Asegura que, en efecto, "mientras el tipo penal sanciona a quien conduce un vehículo o ciclomotor sin haber obtenido nunca un permiso o licencia que habilite a conducirlos, cualesquiera que sean sus características, el tipo administrativo califica como sancionable la carencia de autorización administrativa específica para conducir el concreto vehículo o ciclomotor que se maneja, pero sin excluir que el conductor tenga licencia para conducir otro distinto".

El Pleno, que asume los argumentos del fiscal general del Estado y de la Sala Penal del Tribunal Supremo, confirma que "las conductas descritas en ambos preceptos son distintas, aún cuando la que es penalmente relevante incluye siempre la segunda, pero no a la inversa". Además, para justificar la inadmisión de la cuestión planteada, el auto da otro argumento adicional al subrayar que las supuestas dudas de imprecisión de la norma penal han quedado unificadas por la interpretación de la jurisdicción ordinaria realizada por la Sala Penal del Supremo. Esta doctrina establece que "los términos del precepto penal cuestionado no son imprecisos, ni admiten fundadas interpretaciones diversas que lo hagan impredecible".

El juez que elevó el asunto aseguraba que "el precepto penal cuestionado es indeterminado porque no permite establecer la línea que separa el delito de la infracción administrativa. Además, admite interpretaciones diversas que ponen en cuestión la seguridad jurídica de los conductores".

comentarios0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin