Un fiscal argentino pide investigar a un alto cargo del Gobierno por una empresa

Buenos Aires, 8 jun (EFE).- Un fiscal de Argentina pidió hoy que se abra una investigación para determinar si la red de farmacias que fundó y dirigió un alto cargo del Gobierno de Mauricio Macri fue beneficiada como proveedora del organismo público que brinda servicios de salud a los jubilados.

El requerimiento de la apertura de una causa fue realizado por el fiscal federal Ramiro González ante el juez Ariel Lijo.

La solicitud del procurador apunta al secretario de Coordinación Interministerial del Gobierno argentino, Mario Quintana, fundador de Farmacity, empresa que posee una red de farmacias y venta al público de artículos de higiene personal.

Quintana, quien en abril pasado dijo que se desprendería de su participación en la compañía, dirigió la empresa hasta poco antes de asumir como vicejefe de Gabinete del Gobierno de Mauricio Macri, a finales de 2015.

El fiscal inició sus actuaciones en marzo pasado a partir de una denuncia del abogado Daniel Igolnikov contra Quintana por presunta corrupción al haber sido favorecida Farmacity como proveedor del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el ente estatal que brinda servicios de salud a los jubilados de Argentina.

Igolnikov denunció además presuntas irregularidades para lograr que Farmacity sea habilitada a operar en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, pese a la negativa del colegio de farmacéuticos de ese distrito.

De acuerdo al auto presentado por el fiscal, según el denunciante, Quintana "tendría participación en las empresas Partner, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y Pegasus, extremos que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada".

González pidió al juez Lijo que se requiera a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas presentadas por Quintana desde 2015 e indique si hay investigaciones administrativas respecto del funcionario.

También pidió, entre otras medidas, que la Inspección General de Justicia informe sobre la composición del directorio de Farmacity, Partner y Pegasus y que el Ministerio de Modernización indique si esas empresas son proveedoras del Estado, particularmente del PAMI.

El mes pasado, cuando un programa de televisión apuntó a un supuesto conflicto de intereses, Quintana aseguró a medios locales que, como funcionario público, "jamás" tomó ninguna decisión ni ejerció influencia en favor de Farmacity y sostuvo que "no hay ninguna incompatibilidad".

Por su parte, Farmacity dijo entonces en un comunicado que Quintana "no controla" la empresa y que desde su renuncia a la dirección de la firma "no ha tenido ninguna injerencia en las decisiones de la compañía".

Farmacity emplea a unas 6.000 personas y cuenta con 305 sucursales, de las cuales 241 son farmacias y el resto otros formatos comerciales.