"Hay gente que está mirando hacia una agencia de ejecución privada que sólo mira por los intereses de quien la paga. Nosotros tenemos en cuenta los de todos". Así lo ha manifestado hoy Ernesto Casado, letrado de la Administración de Justicia y miembro de la junta directiva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, durante las XXXII Jornadas de la Fe Pública Judicial, que reúnen hasta mañana a más de 300 profesionales.
Casado ha insistido en la necesidad de que, además de la rapidez, se tenga en cuenta la seguridad jurídica en los procedimientos de ejecución. De este modo, ha asegurado que la mejor forma para garantizar los derechos de todas las partes, es que la llevanza de los procedimientos siga en manos de los letrados de la Administración de Justicia. "Es indudable el interés que tenemos por ello. Nos encargamos de tutelar todos los derechos de los implicados en el procedimiento", ha añadido.
Además, Casado ha rechazado que la ejecución sea uno de los principales problemas de la Justicia en España. Ha recordado que en 2017, se resolvieron 1.248.498 ejecuciones frente a las 895.950 registradas en los juzgados. Este dato supone que se resuelven un 39 por ciento más de las que entran. "Podrá ser mejorable, pero esto en ningún caso es un desastre", ha apostillado.
Por su parte, el letrado de la Administración de Justicia Manuel Millán, ha apuntado que el sistema procesal privado para la ejecución es muy residual. "La prueba de que no lo hacemos mal está en que la ley ofrece alternativas a los profesionales para acudir a otros procesos privada y no las usan", ha manifestado.
Además, los letrados de Justicia han indicado que para agilizar los procedimientos lo mejor es que los asuntos los asuman los letrados y, en su ausencia, funcionarios altamente preparados.
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