Montevideo, 30 may (EFE).- El exvicepresidente de Uruguay Raúl Sendic (2015-2017), que fue procesado sin prisión por abuso de funciones y peculado, "está bastante cansado" y podría no apelar la decisión de la jueza de Crimen Organizado Beatríz Larrieu, dijo hoy a Efe su defensa.
"Nosotros le dijimos que fundamentos jurídicos para hacer una apelación tiene, pero también está bastante cansado de todo lo que ha sido esta situación procesal, de ir al juzgado penal y también manifestó su voluntad de liquidar el asunto cuanto antes", explicó el abogado Ignacio Durán.
Larrieu accedió al pedido del fiscal Luis Pacheco, quien el pasado 19 de marzo pidió el procesamiento, en el marco de la investigación de irregularidades en la gestión de la petrolera estatal Ancap, de la que Sendic fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2010 y 2013.
La magistrada explicó hoy a la emisora Radio Uruguay que en el caso de Sendic "había pruebas suficientes" para entender que había incurrido en estos dos delitos.
El peculado refiere a delitos contra la administración pública mientras que el abuso de funciones consiste en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a los deberes o atribuciones de un cargo.
Según había afirmado el fiscal Pacheco, a Sendic le cabía la figura de peculado por el uso que dio a una tarjeta corporativa de Ancap, que motivó su renuncia en septiembre de 2017 luego de que trascendieran los gastos en los que incurrió.
Además, pidió el procesamiento sin prisión por los contrarios que Ancap firmó con Trafigura en 2010 y con Exor referido a la cancelación de la deuda que mantenía la petrolera estatal uruguaya con la venezolana Pdvsa.
Finalmente, Larrieu procesó sin prisión a Sendic solo por el contrato entre Ancap y Exor.
Por otra parte, el fiscal Pacheco ya le comunicó a la jueza que apelará la decisión de procesar únicamente a Sendic y no al resto de los indagados en la mega causa Ancap, que partió de denuncias que los tres principales partidos de oposición, el Nacional (PN), el Colorado (PC) y el Independiente (PI), presentaron en abril de 2016 exponiendo argumentos sobre hechos ocurridos entre 2010 y 2015 susceptibles de constituir delito.