Supremo chileno rechaza millonarias pensiones a exfuncionarios de Gendarmería

Santiago de Chile, 16 may (EFE).- La Corte Suprema chilena rechazó hoy pagar millonarias pensiones en Gendarmería (guardia de prisiones) solicitadas por varios exfuncionarios, una cuestionada disposición que en su momento significó la renuncia del director de esa institución, Julio Arce.

Según fuentes judiciales, la tercera sala del máximo tribunal chileno desechó este miércoles los recursos de protección presentados por funcionarios de Gendarmería contra el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien en agosto de 2016 objetó dichos sueldos.

Los titulares de estas millonarias pensiones acudieron antes a la Corte de Apelaciones, que en septiembre de 2017 ordenó restituir el pago. Sin embargo, durante esta jornada la medida fue revocada por el Supremo chileno.

Con esta determinación, la periodista Myriam Olate, exesposa del expresidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade y quien fuera funcionaria de Gendarmería, no accederá a una pensión de 5,2 millones de pesos (unos 8.000 dólares), uno de los casos que generó mucha polémica en su momento.

Al desvelarse aumentos injustificados de sueldos y el pago de pensiones desmesuradas a funcionarios que se han jubilado, el Gobierno chileno intervino Gendarmería y el 10 de julio de 2016 abrió una investigación interna y una auditoría.

Los funcionarios de Gendarmería están adscritos a la Caja de Previsión de Carabineros (Dipreca), que tiene una normativa propia, lo mismo que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Cuando en 1981 se creó el sistema privado de capitalización individual, la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet no incluyó en el mismo a los militares, policías y gendarmes, que han continuado al amparo de un sistema de reparto que les asegura generosas pensiones, muy por encima del resto de los chilenos.

Hace algún tiempo se aprobó en el Congreso una norma que anuló el límite máximo para las pensiones en Gendamería, pensada para los guardias de prisiones, que deben pasar 30 años compartiendo con delincuentes en las cárceles y con bajos sueldos, pero hasta ahora sólo ha favorecido a funcionarios de altos sueldos.