El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz por el caso de los ERE, ha pedido a las partes no alargar el proceso y evitar preguntas "prescindibles" a los testigos.
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
Este pasado lunes el juicio daba comienzo a la fase testifical y pericial con la declaración del primero de los 150 testigos y doce peritos previstos, un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha coordinado diferentes atestados realizados en la causa. El interrogatorio de este agente del Instituto Armado se desarrolló durante dos sesiones, lunes y martes.
Ante el tiempo dedicado al primer testigo y sin pretender "coartar" la labor de las partes en los interrogatorios, el magistrado presidente ha hecho un llamamiento a Fiscalía, acusaciones (PP-A y Manos Limpias) y defensas para no hacer preguntas "prescindibles" para no alargar "innecesariamente" el juicio "en la medida de lo posible".
Por ello, ha solicitado a las partes, en una breve intervención antes de la declaración del segundo testigo, otro agente de la UCO, hacer preguntas "relevantes" de cara a los intereses que cada uno defiende en este procedimiento judicial.
La sala, de esta manera, ha comenzado ya a escuchar los testimonios de los 150 testigos y doce peritos previstos que declararán en los próximos meses en el juicio, entre los que se encuentran el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios --petición de la acusación del PP-A--; los exconsejeros socialistas Manuel Recio, Antonio Ávila --a propuesta de la Fiscalía--, Martín Soler, y Mar Moreno --testifical solicitada por el PP-A--; los expresidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torre Vela y Fuensanta Coves, a propuestas de las defensas, entre otras, de Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.
También serán llamados a declarar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla como testigos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo, de la Agencia IDEA o del Gobierno andaluz, así como doce peritos.
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