La Fiscalía mantiene la petición de 11 años de cárcel para Teresa Rivero por fraude

Madrid, 23 abr (EFE).- La Fiscalía mantuvo este lunes en el juicio la petición de once años de cárcel para Teresa Rivero por defraudar a Hacienda más de diez millones de euros por el IVA y el IRPF del Rayo Vallecano entre 2009 y 2011 cuando presidía el club, así como para su hijo Francisco Javier Ruiz-Mateos.

Sin embargo, retiró la acusación para otro hijo suyo igualmente acusado en este juicio, Álvaro Ruiz-Mateos, para el que solicitaba la misma pena, si bien la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria mantuvo la acusación también para él.

Ambos hermanos se encuentran en prisión en todo caso por otras causas y el abogado de la familia Ruiz-Mateos ha pedido la absolución tanto de ellos como de su madre, al estimar que no hay prueba que determine la deuda tributaria ni de que ninguno de ellos ordenara no declarar a Hacienda el IRPF y el IVA del club de ese periodo.

Teresa Rivero es acusada en su condición de presidenta del club de fútbol en esa época, y sus hijos Álvaro y Francisco Javier, como apoderado y gestor de la entidad, respectivamente.

La Fiscalía ha pedido la misma pena por idénticos delitos para otros dos exgestores del club, Jesús Fraile Delgado (como gerente y apoderado) y Zoilo Pazos Jiménez, sobrino de José María Ruiz-Mateos (como administrador), cuyos letrados han reclamado la absolución al negar la autoría del delito.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la abogada del Estado han retirado la acusación respecto al antiguo abogado de la familia Ruiz-Mateos Joaquín Yvancos Muñiz y para el economista Manuel Sánchez Marín, a quienes se le atribuía inicialmente un supuesto asesoramiento.

La Fiscalía solicita que los acusados sean condenados a multas superiores a 14 millones de euros y que indemnicen a la Hacienda Pública en la cantidad defraudada.

Asimismo, pide para la Sociedad Anónima Deportiva Rayo Vallecano una multa de más de tres millones y que responda de forma subsidiaria por otros cuatro millones junto con Senero, empresa a través de las cual la familia Ruiz-Mateos vendió en 2011 el Rayo a su actual presidente, Raúl Martín Presa.

Éste, que ha comparecido en el juicio como representante legal de la entidad, es el único que ha hecho uso a su derecho a la última palabra para decir que desde que se hizo cargo del club "ha vuelto a la legalidad y todo el mundo cobra", por lo que considera que la entidad está en una situación de perjudicada con este procedimiento cuando puso todo a disposición de Hacienda.

La Fiscalía pidió este lunes que se le apliquen al Rayo las circunstancias atenuantes de haber ingresado cuotas que habían sido defraudadas y haber presentado el denominado "plan de compliance" de la empresa, previsto en la ley para intentar evitar prácticas delictivas en el seno de la sociedad.

El abogado del Rayo ha pedido que el club sea absuelto ya que no reconoce la cuantía objeto de acusación de defraudación al contener errores.

La Fiscalía mantuvo que más que realizar aportaciones al club como ha venido sosteniendo la familia Ruiz-Mateos lo que ésta hizo fue "despatrimonializar al Rayo".

Ha añadido que todas las cantidades que entraban en el club iban a las empresas del grupo Nueva Rumasa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos.

Para rebatir lo manifestado por los acusados de la familia de que todo era responsabilidad del ya fallecido José María Ruiz-Mateos padre, la Fiscalía ha señalado que los hijos participaban en las decisiones.

La Abogacía del Estado ha advertido de la estrategia de los varones de la familia Ruiz-Mateos de echar la culpa a su padre en los procedimientos judiciales que tienen que afrontar y que Teresa Rivero no podía desconocer, como ella ha alegado, la realidad cuando era la presidenta de la entidad y "sus hijos estaban detrás de la intención de eludir impuestos".

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