Los jueces tienen la última palabra para decidir si se respeta el equilibrio entre los trabajadores y una iglesia que pone como requisito profesional esencial, legítimo y justificado la pertenencia a esa religión para trabajar en su seno, según establece el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa, de 17 de abril de 2018.
El ponente, el magistrado François Biltgen, determina que el juez que conozca estos asuntos debe cerciorarse de que, en ese caso concreto, se cumplen los criterios señalados en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación para garantizar el justo equilibrio entre esos derechos eventualmente concurrentes.
Precisa el magistrado que, en caso de que resulte imposible interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con la Directiva contra la discriminación, tal como es interpretada por el TJUE en esta sentencia, el tribunal nacional que conozca de un litigio entre dos particulares deberá dejar inaplicado el Derecho nacional.
Así -concluye-, desde el momento en que resulte aplicable la Carta, el tribunal nacional debe garantizar la protección jurídica que se deriva para los justiciables de la prohibición de cualquier discriminación basada en la religión o las convicciones -prohibición establecida en el artículo 21 de la Carta con carácter imperativo como principio general del Derecho de la Unión- y del derecho a una tutela judicial efectiva -reconocido en el artículo 47 de la Carta-.
Tanto esa prohibición de discriminación como el derecho a una tutela judicial efectiva son suficientes, por sí solos, para conferir a los particulares un derecho que puede ser alegado como tal en un litigio en el que se enfrenten a otro particular en un ámbito regulado por el Derecho de la Unión.
