El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se reunieron ayer con representantes de las asociaciones de jueces y fiscales para analizar sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones del ejercicio profesional y retribuciones, así como las propuestas normativas y presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Justicia. Algo a lo que el ministro respondió que de 14 propuestas para la mejora de la Justicia que las asociaciones aprobaron, 10 de ellas, aproximadamente un 70 por ciento, están ya en trámite y en proceso de aprobación, y el resto de estas medidas está siendo objeto de estudio de igual forma.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se reunieron ayer con representantes de las asociaciones de jueces y fiscales para analizar sus reivindicaciones en cuanto a las condiciones del ejercicio profesional y retribuciones, así como las propuestas normativas y presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Justicia. Algo a lo que el ministro respondió que de 14 propuestas para la mejora de la Justicia que las asociaciones aprobaron, 10 de ellas, aproximadamente un 70 por ciento, están ya en trámite y en proceso de aprobación, y el resto de estas medidas está siendo objeto de estudio de igual forma.
Insistiendo en lo necesario de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para poder dotar de más recursos a la Justicia y aprobar reformas legislativas en trámite, Rafael Catalá, según un comunicado emitido por su Ministerio, les trasladó la voluntad del Gobierno de escuchar siempre sus demandas, analizar sus propuestas y buscar posibles soluciones a las mismas.
Los jueces y fiscales españoles llevan reclamando al Gobierno mejoras en la Administración de Justicia desde el pasado 16 de junio de 2017 cuando presentaron 14 propuestas para la mejora de la Justicia, cuya decepción por la acogida de sus peticiones les llevó a salir a las puertas de sus sedes el pasado 5 de abril a leer un manifiesto en el que reclamaban al Gobierno, Cortes Generales y el Consejo General de Poder Judicial la urgencia de sus peticiones.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el restablecimiento de las condiciones que regían antes de la crisis en materia de permisos y licencias está en trámite parlamentario y el Ejecutivo ha propuesto incrementar la objetivación en los nombramientos discrecionales o suprimir el magistrado de designación autonómica.
Los Presupuestos para este ejercicio recogen un incremento del 3,1 por ciento del gasto público en Justicia, lo que permitirá aumentar un 2,5 por ciento gastos de personal, se podrán convocar nuevas plazas para 300 jueces y fiscales, invertir 132 millones de euros en transformación digital de la Justicia e incrementar el gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano en un 31 por ciento. A esto hay que sumar las nuevas actuaciones en sedes y edificios judiciales, que se incrementará un 50 por ciento este año.
En materia retributiva, Catalá ha informado de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Hacienda y ha afirmado que se continúa trabajando para la "determinación de la pérdida real de poder adquisitivo y su recuperación". Sobre la Carrera fiscal, el ministro se ha comprometido a modificar el sistema de plazos para la instrucción en una próxima reforma legislativa.
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