El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó ayer en Consejo de Ministros la Memoria de Actividad de 2017 de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (Orga), de la que se desprende que en 2017 se ingresó 6.213.732 euros procedentes de efectivo embargado o incautado por delitos, y de la venta y destrucción de bienes.
Este incremento sitúa el saldo en la cuenta de depósitos y consignaciones en los 21 millones de euros actuales, en concreto 19 millones a finales de 2017. Sin embargo, el dato más significativo es el que arroja la venta de bienes, que supuso en 2017 un ingreso de 2.139.334 euros frente a los sólo 19.300 euros que se contabilizaron en 2016, coincidiendo con su puesta en marcha.
Hasta la creación de este organismo en octubre de 2015, cada órgano judicial localizaba y administraba los bienes y efectos derivados del delito. Ahora los jueces o tribunales y los fiscales pueden encomendar la tarea a esta Oficina especializada que cuenta con el trabajo de sólo 19 personas, mejorando así la eficiencia de su gestión y descargando de trabajo a los órganos judiciales.
Más recuperación de activos
Las funciones de la Orga son reducir los costes de la gestión de bienes embargados, dedicar el producto del delito a las víctimas y a fines sociales, evitar que el delito resulte provechoso, contribuir a la lucha internacional contra la delincuencia organizada, gestionar y administrar los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito, e identificarlos, localizarlos y recuperarlos.
Los avances realizados el pasado ejercicio en materia de localización y recuperación de activos permiten hablar de 225 personas físicas y jurídicas investigadas, 94 de ellas por delitos de corrupción, de los que se recaudaron 3,5 millones por este delito, que en total multiplica por siete el número de personas investigadas respecto a 2016.
Como consecuencia de esta actuación, la Orga pudo localizar el pasado año 1.063 bienes a efectos de posible embargo o decomiso, fundamentalmente cuentas bancarias y productos financieros, vehículos e inmuebles.
También, se ha intensificado la presencia de la Orga en los foros internacionales de recuperación de activos, se han desarrollado acciones coordinadas con otros países en materia de cooperación penal y se ha solicitado información patrimonial a 24 Estados con el fin de localizar bienes ubicados fuera de España que puedan ser embargados por los órganos judiciales.
En este contexto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró en su comparecencia, que como se refleja en el éxito de la actuación de la Orga, "el resultado del delito no queda al margen de la responsabilidad penal en España".
Con objeto de mejorar su eficacia, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de modificación del RD 948/2015, de 23 de octubre, por el que se crea la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, con el fin de regular los procedimientos relativos a la gestión de los bienes encomendados por la autoridad judicial. Así, se clarifica el actual marco regulatorio y se garantiza la eficiencia de la actuación de la Orga para la gestión de los bienes intervenidos o embargados.
A su vez, Catalá anunció la creación de 15 convenios o acuerdos de colaboración, cinco de ellos firmados en 2017 y nueve organismos más con los que se ha acordado la colaboración sin necesidad de convenio, 6 de ellos en 2017. En el ámbito público se encargaron cinco encomiendas de gestión con empresas como, por ejemplo, Emgrisa, Segipsa y Tragsatec.