La nueva Ley de Contratos del Sector Público permite que todas las empresas interesadas puedan acudir a la fase previa de los procedimientos de licitación y conocer de primera mano los pliegos que se negocian y, además, ser consultados sobre ellos. La novedosa medida -antes de la reforma era la Administración la única que intervenía en esta fase- busca aumentar la trasparencia en los procesos.
"Esto viene a legitimar un proceso que ya se estaba haciendo en la sombra", explicó Francisco Rubio, socio de Xceptio Abogados. La firma organizó una jornada legal que tuvo lugar en la Fundación Pons sobre la reforma. "Un tema muy complejo", recalcó el socio director de la firma, Luis Moranchel.
Por su parte, Rubio manifestó que "a nadie se le escapa que, en los grandes procesos, las grandes empresas pueden concurrir con mayor solvencia. Conocían los asuntos antes de que salieran a la luz". A su juicio, "ahora hay una vía para que los interesados puedan meter la cabeza e ir construyendo el expediente de licitación", añadió.
Sin embargo, Rubio aseguró que la normativa tiene alguna contradicción. El abogado destacó que la Ley establece que la consulta a los operadores se hará de forma excepcional. Además, contempla que se pregunte en primer lugar a los expertos y a los colegios profesionales. "Tenemos contradicciones por todas partes. Esto choca con la idea de querer consultar a las empresas", apuntó.
Más certificación
Otro aspecto que subrayaron los expertos de Xceptio Abogados es la nueva exigencia que incluye la normativa de certificaciones y etiquetas externas para poder contratar con la Administración. "Estos son elementos de prueba que evitan que la Administración tenga que bucear", explicó Francisco Rubio. En todo caso, el especialista señaló que el problema, en este sentido, será si estas certificaciones "van a ser accesibles para todos o van a tener un coste tremendo que va a impedir que muchas puedan acceder".
Por otro lado, Jose Miguel Bueno, abogado del Estado en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, aseveró que la reforma de la normativa busca medidas para que los procesos de licitación sean lo más homogéneos posibles en todos los ámbitos. "La norma establece uniformidad absoluta de todos los poderes adjudicadores, sean o no Administración Pública", afirmó el jurista.
A su juicio, la Ley "busca que el contrato menor quede en la nada o reducido para cuestiones esporádicas". De este modo, desaparece la posibilidad del procedimiento negociado sin publicidad. "Lo que se hace para suplir esto es crear el procedimiento simplificado en las cuantías poco importantes", concluyó el abogado del Estado.
José María Segura, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señaló que, en materia de tramitación, "es una regulación que trata de sintetizar y concretar los problemas que se planteaban y darles respuesta". Además, indicó que "las medidas cautelares pueden solicitarse antes, en el momento y con posterioridad del recurso".