Los sindicatos Comisiones Obreras y el de letrados de la Administración de Justicia SISEJ han expresado su preocupación por el futuro del Registro Civil, que ven incierto cuando faltan pocos meses para que se agote el plazo para acordar una reforma de la ley de 2011, después de que el Congreso haya rechazado tramitar una propuesta del PP en este sentido.
No obstante, SISEJ señala en una nota hecha pública ayer, que aplaude el rechazo en el Congreso de la tramitación de la proposición de ley del PP para reformar el Registro Civil "porque su aprobación sería la desjuicialización" de la Administración.
El Grupo Popular planteaba una modernización de la Administración con un único registro para toda España, informatizado y que permitiría, entre otras novedades, eliminar el Libro de Familia físico. Sin embargo, para la oposición parlamentaria esta reforma supone "una vuelta atrás en el tiempo" a un Registro organizado como en el década de los cincuenta.
La intención del PP era implantar un nuevo modelo que suprimiese el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crear un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique.
Modificaciones como esta eliminarían, por ejemplo, la expedición de nuevos Libros de Familia. Los expedidos con anterioridad, según apuntaba la norma, "seguirán teniendo los efectos previstos en la Ley del Registro Civil de 1957". También, el documento proponía que no fuera necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de la certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento.
Los populares también planteaban una reorganización de este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afeó ayer a Albert Rivera que al final su grupo parlamentario se abstuviera en la votación en el Pleno y ha puesto en duda la coherencia de Ciudadanos. "No sea que nos pase como con el Registro Civil, con quien lo habíamos hablado no lo apoya y nos dejan en el último minuto. Yo no sé quiénes son mis socios, porque usted me dice que mis socios son el PSOE y el PSOE me dice que ustedes son mis socios. Al final, vaya socios que tenemos", dijo.
