Esta es la pregunta que está en el aire desde hace unos meses, especialmente desde que se publicara el Anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, que el Gobierno todavía está tramitando. El debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual está de nuevo de actualidad.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el mes pasado un informe sobre este asunto, en el que recordaba que en materia de derechos de propiedad intelectual hay poca competencia, ya que las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual operan en un mercado "casi monopolístico" en el que es muy complicado que intervengan nuevas entidades.
Aunque muchos puedan pensar que esta reforma es consecuencia directa de la deficiente gestión manifiesta y de los escándalos que han azotado a las Entidades de Gestión en nuestro país en los últimos años (como el caso de la SGAE), la realidad por la que se promueve dicha reforma es otra.
Por ello, es preciso aclarar que los cambios en la Ley de Propiedad Intelectual están dirigidos a incluir en la legislación española los preceptos de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Es más, hace ya casi dos años que debió realizarse la transposición de la mencionada Directiva, pues el plazo límite para ello era el 16 de abril de 2016. Este retraso es la razón por la que la Comisión Europea estaría instruyendo un expediente sancionador contra España, que podría tener como consecuencia multas millonarias.
Dejando a un lado cuestiones gubernamentales, lo más destacable de la nueva normativa es la posibilidad de que la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual sea efectuada por los denominados Operadores de Gestión Independientes, que lo harían de forma paralela a las Entidades de Gestión ya existentes en España (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AIE, AISGE, AGEDI y EGEDA). Así, éstas seguirán operando pero pasarían a estar en un mercado de libre competencia con nuevos jugadores. Con esto también se estaría abriendo la puerta a crear un nuevo nicho de mercado para las empresas en nuestro país y en toda Europa.
En relación con lo anterior y como otra novedad, es más que destacable que, mientras en la legislación existente se obliga a las Entidades de Gestión a constituirse como personas jurídicas sin ánimo de lucro, la nueva norma impondría como requisito a los Operadores de Gestión Independientes que tengan ánimo de lucro, así como que sean ajenos al control de los titulares de derechos (no olvidemos que las actuales Entidades de Gestión fueron creadas y son gestionadas por los propios titulares de derechos). Sin
embargo, y a pesar de la flexibilidad para la constitución de la personalidad jurídica de estos nuevos entes, la nueva Ley exigirá a los Operadores de Gestión Independientes que cumplan las mismas obligaciones en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas ante los organismos públicos que a las Entidades de Gestión autorizadas.
No cabe duda de que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual producirá grandes cambios, no sólo para las Entidades de Gestión, sino también para los autores y titulares de derechos afines, ya que gozarían de una mayor capacidad de negociación en las condiciones y más control en la gestión de sus derechos.
Como toda ley polémica, las opiniones a favor y en contra no se han hecho esperar. Una de las más relevantes ha sido la de la CNMC, que elaboró un informe en el que propone varias medidas que deberían tenerse en cuenta para mejorar la competencia y armonizar este tipo de actividades con el resto de la Unión Europea. De hecho, ya se rumorea que empresas como Google y Youtube valoran crear sus propios Operadores para gestionar licencias y los derechos de Propiedad Intelectual.
Como ocurre con cualquier gran cambio legislativo, habrá que esperar a la aprobación y posterior aplicación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual para ver si podemos afirmar eso de "fuera lo viejo, dentro lo nuevo", y si, efectivamente, se notará un cambio a mejor en la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual.
Carlos Iribarren Pérez, Abogado del Departamento de Propiedad Intelectual y nuevas tecnologías en Auren
