Guatemala, ante el peligro de repetir las violaciones a los DDHH del pasado

Guatemala, 1 feb (EFE).- Las 5.635 agresiones físicas y sexuales que sufren los menores, la falta de control y seguridad en los centros carcelarios y la inversión más baja en educación en toda Centroamérica son algunas pruebas que evidencian que los derechos humanos en Guatemala están en una situación aciaga.

La publicación del informe anual de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la situación de estas garantías constitucionales ha dejado de manifiesto la necesidad de una mayor atención por parte del Estado, que debe encontrar la forma de contener la violencia y detener el sufrimiento de las víctimas, reduciendo la desigualdad con la creación de una economía próspera y sin privilegios.

Es "la plaga insidiosa" de la corrupción el elemento que este documento toma como base para analizar las "consecuencias corrosivas para la sociedad" que tiene esta lacra, que "socava la democracia y el Estado de derecho" y que "da pie a violaciones de derechos humanos".

La corrupción, un problema de "naturaleza compleja", viola los derechos humanos de los más débiles, teniendo un impacto "desproporcionado" en las condiciones y en las personas más vulnerables, como los pueblos indígenas, los defensores de derechos humanos, los menores, los presos o las mismas entidades estatales, incapaces de hacer frente a la realidad.

Son precisamente los defensores de los derechos humanos uno de los colectivos más agraviados con una falta de respeto a su labor que muestra el "odio y desprecio" hacia una lucha que se descalifica con un discurso "racista, sexista y patriarcal", dirigido también a aquellos que buscan justicia por los crímenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996).

En este sentido, el Estado permanece "en deuda" con las víctimas que sufrieron "la represión y la violencia" durante ese capítulo oscuros de la historia, con pocos avances en materia de resarcimiento y justicia transicional, lo que evidencia la falta de garantías por parte del Estado para la no repetición de estos hechos.

También la violencia contra la mujer sigue registrando índices "altos", pues solo en 2017 se registraron 45.975 denuncias por delitos en su manifestación física, psicológica, sexual y económica, la mayoría en mujeres de 15 a 45 años, además de 813 homicidios.

Los niños y adolescentes son otro de los colectivos más vulnerados. Solo durante 2017, casi 6.000 menores fueron víctimas de maltrato y agresiones sexuales, unos datos "alarmantes" que mantienen la tendencia y que implican un círculo vicioso en el que la víctima puede llegar a ser agresor en su vida adulta.

Así, las consecuencias del maltrato infantil pueden ser "intergeneracionales".

Esta situación es endémica y se reproduce en el interior de las cárceles del país, donde las autoridades no tienen el control, un hecho que pone en riesgo la vida e integridad de los privados de libertad pero también de la ciudadanía, pues desde las propias cárceles "se planifican y cometen delitos", particularmente la extorsión.

El hacinamiento de los presos, más de un 300 % en las 22 cárceles de país, la falta de infraestructuras, el poco espacio para dormir, la mala calidad de la comida o el poco presupuesto son algunos de los factores que causan esta situación.

Ya lo había avanzado el pasado agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien dijo que Guatemala sigue teniendo "deudas históricas" vinculadas a problemas estructurales derivados de su pasado que la ponen en riesgo de "repetir episodios de graves violaciones a los derechos humanos" como sucedió durante la guerra civil.

En esta encrucijada el país deben tomar una decisión: o avanza en este terreno o retrocede y se estanca.