Un exconsejero de Gallardón niega los sobrecostes en la compra de Inassa

Madrid, 10 ene (EFE).- Pedro Calvo, expresidente del Canal de Isabel II y exconsejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad, ha negado hoy ante el juez del caso Lezo que hubiese sobrecostes en la compra de la empresa colombiana Inassa y ha cargado contra el expresidente madrileño Ignacio González.

Calvo ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón junto a los exconsejeros de la empresa pública de aguas José Manuel Herrero, Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.

Fuentes presentes en la declaración han informado de que Calvo ha negado cualquier sobrecoste e irregularidad en la adquisición del 75 % de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares en 2001.

Algo que contrasta con lo que sostiene el juez García Castellón, que cree que pudo existir "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".

Calvo se ha ratificado en la declaración prestada el pasado 15 diciembre ante la comisión de investigación de corrupción en la Asamblea de Madrid, donde dijo que la compra de Inassa y la manera de adquirirla fue "fantástica y muy beneficiosa para la Comunidad".

El que fuera consejero de Medio Ambiente en el último gobierno de Gallardón en la Comunidad ha contestado durante casi dos horas de interrogatorio a todas las partes, menos al abogado de Ignacio González en tanto que, según las fuentes, considera que el expresidente madrileño es el único responsable de la imputación de varios exconsejeros del Canal que votaron a favor de la compra.

Calvo ha tratado así de distanciarse de González, tal y como hizo en la Asamblea de Madrid donde se refirió al expresidente como "un supuesto corrupto" que ha tenido "una serie de conversaciones telefónicas en las que no hace más que difamar a todo el mundo".

La adquisición de Inassa se hizo a través de una "sociedad vehículo" llamada Canal Extensia (constituida por el Canal el mismo mes de la operación), que fue quien compró la empresa colombiana a través de otra mercantil panameña interpuesta denominada Sociedad Aguas de América.

Según el juez, esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.