Varios exconsejeros del Canal declaran mañana por la compra de Inassa

Madrid, 8 ene (EFE).- Varios exconsejeros del Canal de Isabel II declararán mañana como investigados ante el juez de Lezo, Manuel García Castellón, sobre la compra presuntamente fraudulenta de la filial colombiana Inassa que, según los investigadores, causó un desfalco de unos 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

Se trata de Ignacio López-Galiacho (ex director general de la Comunidad), Juan María del Álamo, Fernando Autrán (ex coordinador general del Ayuntamiento de Madrid) y Francisco Díaz-Latorre.

Todos ellos avalaron con sus votos la compra de la empresa colombiana en una reunión del Consejo de Administración del Canal celebrada el 14 de noviembre de 2001, pese a contar con un dossier que desaconsejaba adquirir la mercantil a través de una sociedad panameña.

Por estos hechos también deberán comparecer el miércoles el expresidente del Canal y exconsejero del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad Pedro Calvo y los exconsejeros de la empresa pública de aguas José Manuel Herrero, Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga esta operación de compra del 75 % de la colombiana Inassa por 73 millones de dólares, que se realizó -según su auto- a través de una "compleja estructura societaria" y que supuso un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.

Además, la Fiscalía cuantifica en unos 70 millones de euros el desfalco que generó para la región pues el valor de la empresa adquirida era mucho menor del que se pagó.

Para adquirir la filial colombiana el Canal utilizó una "sociedad vehículo" llamada Canal Extensia (constituida el mismo mes de la operación) que compró Inassa a través de otra mercantil panameña interpuesta denominada Sociedad Aguas de América.

Los consejeros del Canal dieron el visto bueno a esta operación en una reunión el 14 de noviembre de 2001 y 15 días después lo hizo el Consejo de Gobierno de la Comunidad, con la firma del entonces presidente, Alberto Ruiz-Gallardón.

En el mismo auto en el que el juez acordaba las citaciones de los investigados, también solicitaba la identificación de los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa -entre ellos Gallardón- como paso previo a su posible imputación.

La compra de Inassa se realizó, según el juez, "contraviniendo de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid y adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público".

De hecho, el juez cree que hay "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".

Por estos mismos hechos el 15 de enero está citado el presidente de Adif y consejero de Hacienda de Madrid con Gallardón, Juan Bravo, y los exconsejeros del Canal Agapito Ramos (consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal de Isabel II), Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz.